CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno panameño firmó la resolución para la extradición a México del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien deberá ser trasladado por las autoridades de su país en el plazo de un mes, informó la cancillería panameña.
La resolución para la extradición de Borge ya fue firmada por el presidente Juan Carlos Varela y por la canciller Isabel De Saint Malo este viernes”, dijo a la “AFP”, Mónica De León, directora de Comunicación de la Cancillería.
“Ahora México tiene 30 días para venir a buscarlo”, añadió De León.
La resolución fue firmada después de que el pasado lunes, la Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazara tres hábeas corpus presentados por la defensa de Borge para impedir su extradición a México.
Esta decisión allanó el camino para que el exgobernador responda ante la justicia mexicana por cargos de peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito de poder.
Borge, quien dice ganar 16 mil dólares al mes, fue detenido el 4 de junio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, cuando trataba de tomar un vuelo a París.
Desde entonces ha perdido todas las batallas judiciales para quedar en libertad y ya no tiene recursos posibles para evitar su extradición ante la justicia panameña, por lo que permanecerá detenido hasta ser trasladado a su país.
El pasado 18 de septiembre, la cancillería panameña anunció que había aprobado su extradición a México.
ESTANCIA EN PANAMÁ
Durante su detención, Borge fue trasladado desde “El Renacer”, una cárcel a orillas del Canal de Panamá donde pasó sus últimos años de vida el exdictador Manuel Antonio Noriega, a una celda policial por riesgo de fuga.
El exfuncionario también denunció no tener acceso a los cuidados médicos que, según su defensa, necesitaba para atender unas alergias y un problema cardíaco.
Borge gobernó Quintana Roo entre 2011 y 2016 por el oficialista Partido Revolucionario
Institucional (PRI). Varios exgobernadores, mayoritariamente del PRI, han sido acusados y detenidos en años recientes en México y en el extranjero por delitos de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado.
