JESÚS VÁZQUEZ
GRUPO CANTÓN
CANCÚN.- LA organización ambientalista Moce Yax Cuxtal documentó mediante video y fotografías la devastación de selva que se realiza al poniente de Playa del Carmen en lo que se presume es el nuevo trazo del Tren Maya en el tramo 5.
Laura Patiño, integrante de la organización, aseguró que al consultar con el ayuntamiento de Solidaridad sobre estas obras, les confirmaron que son parte del Tren Maya.
Por su parte, la secretaria de Ordenamiento Territorial del ayuntamiento de Solidaridad, Teresita del Niño Jesús Flota Alcocer, confirmó que el desmonte de selva corresponde al nuevo trazo del Tren Maya.
La funcionaria aseguró que estas obras tienen la anuencia en el ámbito municipal, aprobada en el cabildo de Solidaridad, además de que en el ámbito federal están preautorizadas e incluso exentas de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)
“Por ser una obra del gobierno federal, están preautorizadas desde que nos presentaron el trazo último, no sólo en materia ambiental sino de subsuelo”, expuso la funcionaria, además de que al preguntársele si Fonatur les presentó los estudios de impacto ambiental, dijo: “están exentos de la Manifestación por ser obras de prioridad nacional”.
Aunque las imágenes que circulan en redes sociales muestran la tala indiscriminada de todo tipo de vegetación, Flota Alcocer aseguró que se está realizando un trabajo de “reubicación” de fauna que será utilizada en la reforestación del camellón de la carretera 307 a la altura de Playa del Carmen.
La afectación; Arrasarán con millones de árboles
CANCÚN. De acuerdo con el grupo ambientalista de Moce Yax Cuxtal, la brecha de 91 metros de ancho por 122 kilómetros de longitud que está abriendo Fonatur para el Tren Maya representa el desmonte de al menos 8 millones de árboles, muchos de ellos en peligro de extinción, sin contar las afectaciones a las zonas de captación de agua, la pérdida de hábitat para cientos de especies animales, así como la violación flagrante de las leyes de regulación ambiental vigentes en nuestro país.
Y es que el Tramo 5 del Tren Maya carece tanto de proyecto ejecutivo como de Manifestación de Impacto Ambiental, además de que apenas se publicó hace dos semanas un decreto de utilidad pública para que el gobierno adquiera, bajo amenaza de expropiación a los propietarios, un total de 530 hectáreas de tierra, sobre las que aún falta que se hagan los correspondientes estudios técnicos para determinar si son viables para soportar un tren de carga a doble vía.
A diferencia del director anterior, Jiménez Pons, en Fonatur, la dirección de Javier May no ha dado información ni se ha reunido con las cámaras empresariales, que se quejan de solicitarle, sin éxito, reuniones para conocer el avance de la nueva definición del trazo, así como para coadyuvar en el proceso de adquisición o expropiación de la nueva tierra.
A ello se suma, que apenas el pasado 9 de febrero, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) lanzó el proceso de licitación de los estudios y análisis topográficos de los predios de afectación por el trazo del derecho de vía del Tren Maya en su Tramo 5 norte.
Dicha licitación corresponde a las 240 hectáreas que se declararon de utilidad pública el pasado 17 de enero, y de las cuales sólo utilizará el 20%, pues el otro 80% de esa tierra corresponde a trazo al centro de la carretera que ya ha sido desechado por Fonatur. Estos estudios tienen como plazo para su entrega el 30 de abril de este año, es decir, dentro de dos meses.
Esto implica que Sedatu debería emitir una segunda licitación para los estudios de las otras 530 hectáreas que declaró de utilidad pública el pasado 18 de febrero y que ya corresponden al nuevo trazo hacia el poniente de Playa del Carmen.
Sin haber licitación de los estudios, y si esos estudios se toman por lo menos dos meses, como lo marca la primera licitación, entonces por lo menos hasta un mes más podría tomarse concluir este procedimiento de exploración topográfica que definiría con precisión el nuevo trazo del tramo 5 norte del Tren Maya y sólo hasta mayo debería haber quedado lista la definición del nuevo trazo.
A ello habrá que sumar que el tramo 5 aún no tiene ni Manifestación de Impacto Ambiental ni proyecto ejecutivo, lo cual supone que hasta no tener los permisos ambientales Fonatur no podía dar inicio al desmonte de selva, porque a pesar del decreto presidencial que declara de utilidad pública las obras de infraestructura del gobierno federal, ello no las exime de tramitar las autorizaciones de impacto ambiental e informar de ello al Instituto Nacional de Acceso a la Información.
A ello se suma que el gobierno federal no podrá clasificar como seguridad nacional ni reservar la información pública sobre sus mega proyectos de infraestructura como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas.
Así lo ordenó el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que concedió una suspensión definitiva a la organización Litigio Estratégico AC, en contra del decreto del 22 de noviembre del 2021 del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México”.
Esa situación permitía a las oficinas de transparencia del gobierno federal rechazar solicitudes de información bajo el supuesto de contener información de seguridad nacional, con base en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
