CANCÚN, Quintana Roo.- Siguen sin resolverse los juicios laborales “amañados” que se dieron a través de las juntas de Conciliación y Arbitraje durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, luego de que se prestaron para cometer deviseras acciones ilegales que derivaron en el despojo de casi 100 propiedades, atentando contra el derecho legítimo de los propietarios.
De acuerdo con la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Catalina Portillo Navarro, dijo que los casos registrados en las juntas locales dejaron de ser un asunto laboral para ser una cuestión penal, debido a que en la pasada administración las juntas locales incurrieron en diversas prácticas solapadas por el gobierno en turno.
A principios de la actual admiración se denunció que, apoyados en juicios laborales falsos, funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge despojaron a empresas y particulares de bienes inmuebles, pero también de su dinero a través del congelamiento de cuentas bancarias.
Tal es el caso de varios empresarios de Tulum, que de acuerdo con la secretaria del Trabajo, los legítimos propietarios ya obtuvieron el amparo, pero se fueron a revisión por parte del trabajador y también hay una revisión de amparo adhesivo por parte de los otros demandantes en el juicio ante los tribunales, donde reconoció que se le da seguimiento a varios expedientes que prueban cómo el gobierno anterior realizó los despojos a través de una red de complicidad operada por magistrados, jueces, funcionarios estatales y municipales y actuarios.
Formaron parte de una red que despojó de 44 hoteles y 19 terrenos en Tulum con juicios amañados, con un valor calculado de alrededor de 615 millones de pesos y derivó en más de 16 denuncias, mismas que siguen en proceso.
Algunas empresas afectadas en Tulum fueron hoteles, como Casa Ixchel, Dos Ceibas, Playa Azul y Puerta del Cielo, adjudicados por remate laboral desde mayo del 2014, también se registró el embargo de 51 de 62 departamentos de condominios Lagunas y 19 departamentos del complejo Maioris Tower, de los cuales, aún siguen en curso y los propietarios no han podido recuperar sus predios.
AVANZAN CON LENTITUD
Al respecto, Francisco Carpo, apoderado legal de Maioris Tower, declaró que su caso avanza con lentitud luego de recordar que la estrategia para despojarlos de sus departamentos también se dio en complicidad con la Notaría Número 10, con sede en Isla Mujeres, por medio de demandas laborales de trabajadores ajenos a la empresa y a las juntas especiales, mediante notificaciones simuladas a las que declaraban en rebeldía porque no se presentaban a conciliar el despido injustificado.
También derivado de las declaraciones Fiscales respecto al pago de laudos ejecutados el servicio de administración tributaria (SAT) detectó que fueron afectadas también cuentas bancarias por medio del cobro de cheques y congelamiento de recursos monetarios que obedecen a laudos laborales, en el caso de la empresa Pochteca S.A. de C.V., propició el congelamiento de todas sus cuentas bancarias en Banamex, Banorte y HSBC.
La simulación de juicios laborales involucró directamente a María Eli Medellín Pérez, Alexis Zavala Ávila, Javier Ernesto Rosado Sauri, Roberto Ibarra Morales, titular de la junta especial número 1 2 y 3 de Conciliación y Arbitraje en Playa del Carmen, respectivamente, así como al actuario Freddy Ricardo Quintal Bojórquez, personal adscrito a la junta especial número 2, entre otros, que ya se encuentran también demandados ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado por probables delitos de peculado y costo de custodia de documentos.
