CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín González, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex mandatario Roberto Borge Angulo, por la presunta enajenación de 9 mil 500 hectáreas de la reserva territorial del estado a familiares cercanos y amigos, a un precio muy por debajo del valor real; en algunos casos, hasta del 1%.
En conferencia de prensa este lunes en la sede de la Representación del gobierno de Quintana Roo en la Ciudad de México, el secretario estatal de la Gestión Pública, Rafael Antonio del Pozo Dergal, presentó los avances de las auditorías realizadas a la administración del ex gobernador priista, las cuales arrojaron en una primera instancia la venta irregular de 95 millones de metros cuadrados de tierras del estado con la anuencia de Borge Angulo y la ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva.
Del Pozo Dergal explicó que los terrenos estatales vendidos irregularmente a particulares en la administración pasada suman seis veces la superficie de la zona hotelera de Cancún, equivalentes también a 26 veces el tamaño de Isla Mujeres.
Dijo que se han iniciado las acciones jurídicas para recuperar el patrimonio de los quintanarroenses y que la denuncia en contra de Borge fue presentada hace tres semanas ante la PGR y la semana pasada en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, aunque por el momento sólo por 850 hectáreas de un total de 9 mil 500 vendidas a precios de remate a familiares y amistades del ex gobernador.
“El precio en que se vendieron muchos predios es irreal; algunos ni siquiera llegaron al 1 por ciento del valor real que tenían”, aseguró el funcionario.
Al especificar cuánto fue el total de la reserva territorial enajenada o malbaratada, señaló que esta corresponde al 7% de la superficie total de Bacalar; el 10% de la zona del aeropuerto de Cancún; el 20% de la extensión de Tulum; el 23% de Cozumel; el 26 por ciento de Benito Juárez y los municipios más afectados fueron Solidaridad, que perdió en estas operaciones irregulares el 52% de su territorio y el nuevo municipios de Puerto Morelos, donde el 60% de sus tierras fueron vendidos a precios irreales.
Los terrenos vendidos, todos de gran plusvalía por encontrarse en lugares con alto potencial turístico, debían ser utilizados para construir obras de desarrollo social, vivienda y proyectos productivos. La ley del estado no contempla su venta a particulares.
Conferencia de prensa en las instalaciones de la Representación del Gobierno del Estado de Q. Roo en la CDMX encabezada por Hesiquio Aguilar Rule, representante del Gobierno del Estado; Rafael Antonio del Pozo Dergal, secretario estatal de la Gestión Pública y Fernando Mora Guillén, coordinador de Comunicación de Medios Nacionales.
Añadió que la Secretaría de la Gestión Pública también investiga a accionistas de una empresa naviera relacionada laboral y profesionalmente con Borge Angulo. Accionistas de esta empresa, aseguró, adquirió en los últimos cuatro años tres barcos con un valor de más de 7 millones de dólares, por lo que se solicitó también a las autoridades su investigación.
Las autoridades competentes se encuentran investigando y tratando de comprobar la procedencia de recursos de esta empresa, para determinar si dichos accionistas tenían la posibilidad económica de adquirir predios y barcos en el precio en el que fueron adquiridos”, manifestó Rafael del Pozo.
El funcionario admitió que no existen los expedientes completos de estos casos bajo investigación y no quiso ofrecer mayores detalles para respetar el proceso que siguen las autoridades federales y estatales.
Igualmente dijo desconocer si ya se giró alguna orden de aprehensión contra el ex mandatario priista, cuyo paradero dijo desconocer aunque aseguró que el gobierno del estado está trabajando para evitar que se dé a la fuga, a como ocurrió con su homólogo veracruzano Javier Duarte, sobre quien pesan más de 60 denuncias por corrupción y delincuencia organizada.
Adelantó que habrá más acciones, toda vez que el gobierno de Carlos Joaquín “aún está conociendo este tipo de casos”, detectados en la etapa de entrega-recepción de la administración estatal.
“El quebranto es enorme. El estado está en una situación financiera compleja. No hemos encontrado una sola área en donde no se hayan detectado irregularidades importantes en el manejo de los recursos o en la integración de los expedientes. Son más de 40 dependencias estatales que enfrentan problemas de este tipo”, declaró Del Pozo.
En cuanto a la deuda pública, dijo que aún no es posible calcular el monto total del daño económico causado al estado por los malos manejos de la administración borgista, señalando que la deuda heredada llega a los 22 mil millones de pesos, más adeudos de ejercicios anteriores por otros 2 mil 600 millones y otros 3 mil millones más en montos con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Aparte de eso, indicó, falta realizar revisiones a las contrataciones y obra pública, donde se presume existen también numerosas irregularidades.
“El gobierno de Quintana Roo reitera su absoluto compromiso con el combate a la corrupción y el freno a la impunidad. Estamos atendiendo el reclamo social quintanarroense por justicia. El que la hace la tiene que pagar”, expresó Rafael del Pozo.
Vamos a realizar las acciones que sean necesarias para acabar con la impunidad en la entidad. Vamos a cerrar el cerco y no vamos a permitir que nunca más vuelva a darse una situación de injusticia como la que prevaleció en el anterior gobierno”, agregó.
El secretario de la Gestión Pública concluyó la conferencia advirtiendo que el gobierno de Carlos Joaquín recuperará el dinero “dilapidado por Borge, pues es un dinero que le pertenece al pueblo de Quintana Roo”.
El nuevo gobierno del estado, que asumió funciones el 25 de septiembre pasado, refrendó su compromiso de que no habrá negociación con la anterior administración y se irá a fondo en la sanción, en caso de que se comprueben los saqueos, el endeudamiento y los presuntos actos de corrupción de los que ha sido acusado Roberto Borge Angulo, quien enfrenta también un proceso de expulsión de su partido, el PRI. (Jorge Castro Noriega / QUINTANA ROO HOY)
