Jesús Vázquez
Grupo Cantón
Cancún. – En un texto denominado “Los negocios de la corrupción”, el Observatorio de Quintana Roo denuncia la existencia de un contrato del gobierno del estado a través de la Secretaría de la Contraloría del estado (Secoes) mediante el cual la firma de abogados José Antonio García Alcocer y Asociados SC, que representa Santiago García Luque, tendrá acceso al 30% de los bienes que se logren recuperar del millonario desfalco cometido durante la gestión del ex gobernador de Q. Roo, Roberto Borge.
Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del organismo, refiere que si bien la bandera política del actual gobierno del estado ha sido su lucha contra la corrupción generada en la administración pasada, no se tienen informes de los avances de ese proceso.
Y es importante saber del avance, añade, ya que según el referido acuerdo, el 30% de los bienes que se logren recuperar del millonario desfalco cometido durante la gestión del ex gobernador, Borge Angulo será entregado al referido despacho de abogados.
Se trata de un bono de éxito al que el despacho tendría acceso desde 2018, cuando la administración de Carlos Joaquín le asignó, mediante procedimiento de adjudicación directa, el contrato SECOES-AD- 923011964-N1-2018 para investigar y gestionar el retorno de los bienes que podrían haber salido del erario de manera ilícita.
Según Galaviz Ibarra, el bono por resultados favorables incluye a aquellos bienes inmuebles ubicados dentro del territorio nacional y al efectivo recuperado y depositado en cuentas del contratante, cualquiera que sea el origen de la recuperación, es decir, ya sea resultado de resolución firme de autoridad competente o resultado de acuerdos o convenios extrajudiciales.
“Aunque pareciera una tarea que compete exclusivamente a la autoridad, léase Secretaría de la Contraloría del estado, de Rafael Antonio del Pozo Dergal; Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, o Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, la administración quintanarroense optó por recibir ayuda privada”, añade Galaviz Ibarra.
DESPACHO
También hace referencia a que si la corrupción es un negocio para quienes la ejecutan en detrimento de las instituciones y su patrimonio, hacer negocio con los efectos de la corrupción de manera institucional, ya es otra faceta de la corrupción.
Destaca también que el acuerdo con los abogados es una privatización de la Justicia y una nueva afectación a los bienes patrimoniales del Estado, ya que si se recuperan los bienes y los montos causantes de una desviación patrimonial deben de regresarse, de acuerdo a nuestras normas legales, al patrimonio del Estado del cual fueron sustraídos, ya que en caso contrario pudiese ser considerado como un aprovechamientos irregular de los bienes del Estado.
“La bandera política del actual Gobierno del Estado ha si- do su lucha contra la corrupción
generada en la administración del exgobernador Borge, pero no se tienen informes de los avances de ese proceso; la administración estatal se comprometió a proporcionarles el nombre de las personas físicas o morales involucradas; así como su información patrimonial; vínculos de parentesco, relaciones de naturaleza comercial y societaria; información del Registro Público y vehicular; lista de los bienes muebles e inmuebles enajenados; información relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales, y en general cualquier información que les sea de utilidad”, añade.
Además refiere que tampoco se entiende el que se asigne un “Bono de éxito” si el propio contrato ya tiene asignado un monto de 13 millones de pesos por los actos a realizar, por lo que también piden se haga una investigación para saber si los socios del Despacho: José Antonio y Santiago García Luque hijos de García Alcocer en el despacho a su nombre, tienen alguna relación en otras empresas con personas que ha estado ligadas en otros negocios en el estado, para saber los alcances de estos grupos empresariales.
Cabe señalar que la Consejería del Gobierno del Estado tiene un presupuesto anual de 18 millones de pesos para el presente año y la Secoes desde 2018 a 2021 ha tenido un monto de cerca de 840 millones de pesos en sus presupuestos; con esos montos no deben de considerarse la asignación de casos a despachos externos y menos a despachos legales de fuera del estado
