Jazmín Ramos
CANCÚN, Q. Roo.
Transportistas de la Central de Autobuses de Segunda Clase, denunciaron que como represalia a la negativa de integrarse a la asociación denominada Coordinados del Caribe que encabeza Antonio Hernández Izquierdo, la cual promueve la reubicación de la terminal, les clausuraron los permisos para operar, por lo cual los usuarios se han visto afectados.
En conferencia de prensa, los representantes de unas 20 empresas que ofrecen ese servicio representados por Manuel Polanco Batriz, dijo que esa central mueve unos cuatro mil usuarios, de tal suerte que los conflictos derivados de la reubicación y la creación de una nueva terminal ha interrumpido parcialmente el servicio.
Polanco Batriz, relató que todo inicio a raíz de que Hernández Izquierdo, desconoció el proyecto de reubicación, en donde se contemplaba construir una nueva terminal, teniendo como opciones para ese fin: la Ruta 4 por el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo o en el Arco Vial cerca de Plaza 21, en donde se invertiría 10 millones de pesos.
Añadió que, en contraparte, Hernández Izquierdo, presentó al Ayuntamiento otra proyección de terminal e incluso se conformó la organización Coordinados del Caribe, en donde se pretende aglutinar a todos los transportistas bajo el pago de una cuota de un millón de pesos para ser socios, “obviamente todos rechazaron esa propuesta”.
Detalló que, en el plan alterno se pretende construir una terminal con instalaciones de lujo, que en la sala de espera tengan aire acondicionado, por lo cual el techo financiero de inversión se disparó a 45 millones de pesos, situación que generó inconformidad, pues el servicio que se presta es para gente de bajos recursos.
Polanco Batriz, dijo, que en total son 7 concesionarios del transporte que apoyan a Hernández Izquierdo, quien les madrugó y consiguió el aval de las autoridades, de tal forma que ahora pretenden presionarlos para que se afilien a la organización y paguen la cuota fijada, cuyos recursos serán administrados por ese grupo, dejándolos fuera de la administración.
“Derivado de estos problemas, el Ayuntamiento nos clausuró 24 puntos de venta de boletos del transportes para presionarnos a que apoyemos el nuevo proyecto, el cual a nuestra consideración es un derroche de recursos, pues nuestros clientes no pueden pagar un servicio de esa naturaleza al ser personas de escasos recursos”.
En ese sentido hicieron un llamado al acalde Paul Carrillo de Cáceres, para que atienda el problema y no permita que un grupo minoritario tome el control de un servicio que va dirigido a sectores que no pueden pagar un autobús de primera clase.
