Rocío Villalobos
CANCÚN, Q. Roo.
Demandas laborales, pago a proveedores y facturas apócrifas, son algunos de los problemas que ha detectado la Oficialía Mayor del Gobierno de Benito Juárez que fueron heredados por la pasada administración perredista que encabezó Julián Ricalde Magaña.
El gobierno de Benito Juárez se encuentra con problemas económicos debido a que se han tenido que pagar demandas de hasta por 5 millones de pesos por concepto de demandas de trabajadores que dejaron de prestar servicios hace 5 ó 6 años, por despidos injustificados como parte de los adeudos que el gobierno actual ha tenido que enfrentar, reveló la responsable de la Oficialía Mayor, Gabriela Rodríguez Gálvez.
En cuanto al asunto de los proveedores algunos pagos se han parado debido que se detectó se trata de empresas fantasmas. En este concepto, explica que durante las investigaciones realizadas por el cuerpo legal de la Comuna benitojuarense se detectó a estos proveedores ficticios, los cuales pretendían hacer efectivas facturas con montos que van desde los 100 a 200 mil pesos, algunos por concepto de pago de asesores.
“Algunos pagos se han detenido y se encuentran en litigio, ya que se descubrió que algunas de las empresas que demandan no existen y que exigían el pago de servicios profesionales y papelería” dijo.
Dijo que el dinero que se ha recaudado se le ha dado prioridad al pago de la nómina y servicios del gasto corriente del Ayuntamiento y la diferencia que queda se ha destinado para dar abonos a deudas viejas por conceptos reales y a las actuales.
“La administración pasada no solo nos dejó quebrado el municipio y con algunas deuda”, puntualizó la Oficial Mayor de la actual Administración Municipal en Benito Juárez.
En el tema de los proveedores dijo que se han atendido los compromisos reales como son los pagos a proveedores de compromisos contraídos con anticipación como son combustible, renta, seguros de vida de los trabajadores. Todos estos conceptos tenían adeudos muy grandes a los cuales se les ha ido pagando mientras que se mantiene al día los consumos que se necesitan.
“En términos generales, en la administración no tenemos deuda, pero tenemos que responder por la que nos heredaron los antecesores”.
Dijo que otro problema fueron las demandas laborales interpuestas por trabajadores que prestaron sus servicios en la administración de Julián Ricalde y argumentaron maltrato y despido justificado.
En este rubro el ayuntamiento ha perdido juicios que iniciaron hace más de 5 años y cuyos montos han llegado hasta los 5 millones de pesos.
Las deudas ya fueron saldadas, debido a que el gobierno no puede desacatar una orden de un juez, aunque no especificó el número de casos resueltos ni cuántos casos se continúan atendiendo y tratando de llegar a un acuerdo, tomando en cuenta que se trata de personas que nunca tuvieron trato con las actuales autoridades.
