Jazmín Ramos / René Guadarrama / Alejandro Valdez
QUINTANA ROO
Con la aprobación de la deuda para Solidaridad por mil 30 millones de pesos, el golpe financiero para ese municipio será más fuerte porque será renegociada a un mayor plazo y con un mayor monto, coincidieron en señalar el dirigente estatal del PAN, Eduardo Martínez Arcila y la diputada electa, Laura Beristain Navarrete.
En la sesión del martes del Congreso del Estado, en medio de protestas, la mayoría de los diputados locales aprobaron un incremento de la deuda para Solidaridad y con la deuda anterior que arrastra el municipio sube a dos mil 372 millones de pesos más otros mil millones de pesos en deuda a proveedores que no se les ha saldado desde hace dos años.
Ante la defensa realizada por el presidente del Congreso, Pedro Flota de resolver la deuda de Solidaridad de manera inmediata porque cuando tome las riendas la siguiente administración que encabezará Cristina Torres del PAN-PRD tendría que hacer frente al pago de ese empréstito, Martínez Arcila rechazó ese argumento y consideró que la premura sólo es para proteger a Mauricio Góngora Escalante.
“Yo lo entiendo, acuérdense él fue el coordinador del candidato del PRI-Verde y Nueva Alianza que también fue el presidente municipal que quebró a Solidaridad (Góngora Escalante), lo menos que puede hacer, entiendo, es salir a defender Solidaridad. Pero por supuesto, que no se justifica, te está diciendo: Voy a ayudar al ayuntamiento porque debe 200 y cacho de millones, y ahora resulta que no los pagué. No te preocupes, los voy a renegociar y voy a encajar la deuda a 20 años”, aseguró.
Con esta medida, reiteró, le están haciendo un daño mayor a las finanzas públicas de Solidaridad. Un municipio con un alto crecimiento poblacional –en Censo del Inegi de 2015 señala que viven 209 mil 634 personas-, que demandan constantemente la prestación de servicios.
Mientras que por separado, desde la Ciudad de México, en una conferencia conjunta que ofrecieron militantes del PRD, acompañados por la dirigencia nacional, la diputada electa, Laura Beristain Navarrete denunció el golpe financiero asestado por la actual legislatura local.
Considera la posibilidad de que dichos recursos sean empleados para tapar el boquete financiero generado durante la campaña de Góngora Escalante a la gubernatura y que forma parte del “blindaje” transexenal aprobado por los legisladores.
“Ellos mismos demuestran que están actuando en contra del pueblo, al llamar a una sesión de Cabildo ‘en lo oscurito’ sin convocar a los regidores del PRD para solicitar este nuevo endeudamiento, con el que no sólo dañan la economía de los quintanarroenses y pretenden tapar los desvíos de recursos cometidos, sino que además quieren entorpecer la gestión de la presidente municipal electa, Cristina Torres, a quien entregarán un municipio en bancarrota”, aseguró.
De acuerdo a las cifras que proporcionó, la deuda pública pasaría de mil 342 millones de pesos a 2 mil 372 millones, sin contar el pago a proveedores que se adeuda desde hace dos años por otros mil millones de pesos.
El segundo blindaje
En dicha sesión del martes, los legisladores también modificaron la Constitución a fin de pasar de la Procuraduría de Justicia a la Fiscalía de Justicia. Y durante el transcurso del miércoles, en sesiones de Cabildo rodeadas de seguridad o realizadas de manera sigilosa, fueron aprobadas las reformas.
En Felipe Carrillo Puerto, a las 10 de la mañana, se citó pero no lograron el quórum para sesionar y se suspendió. Por la mañana del jueves se dio a conocer que ese municipio aprobó el acuerdo, pero el regidor Raúl Ek Be, rechazó esa versión porque hasta la tarde del jueves, la secretaría general no había emitido un nuevo aviso.
“Estamos aquí los regidores de la zona maya con el blindaje que se quiere realizar, con el albazo que está haciendo el Congreso del Estado. Nosotros estamos escuchando las peticiones del pueblo de Carrillo Puerto, que nos ha pedido que no aprobemos y que no se salgan con la suya los diputados y el gobernador, Roberto Borge”, aseguró.
Aunque la dirección de Comunicación Social y prensa del H. Ayuntamiento dio a conocer que en sesión extraordinaria de Cabildo fue aprobado por los regidores priístas el único punto de la orden del día para la creación de la Fiscalía y el Tribunal de Justicia Administrativa.
El diputado electo, Fernando Zelaya del PAN-PRD, también desmintió que se llevó a cabo la sesión en José María Morelos, pese a que el presidente del Congreso, Pedro Flota Alcocer, aseguró que sí habían sido aprobadas las reformas. Otros municipios que aprobaron las reformas fueron Benito Juárez, Tulum, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Bacalar e Isla Mujeres al hacer uso de su mayoría de regidores del PRI; mientras que ayer aprobó Puerto Morelos. El único municipio que rechazó el acuerdo fue Cozumel. En Chetumal fue programada la sesión en medio de expectación y tensión y al final también rechazó el acuerdo. Aunque con los municipios mencionados, ya reunía la aprobación de 6 de 11 cabildos que requería el Congreso para que el acuerdo para reformar la constitución se publique y entre en vigor.
Exigen transparencia
La presidenta electa en Solidaridad Cristina Torres Gómez acompañada de los regidores Carmelita Cruz y Orlando Muñoz, afirmaron que buscarán los recursos legales para esclarecer los hechos relacionados a dos supuestas sesiones de Cabildo en las que no se convocó de manera regular y a las cuales no fueron convocados los regidores mencionados.
En conferencia de prensa Cristina Torres señaló que hasta el momento no se puede corroborar si efectivamente sucedieron tales sesiones dentro de las cuales aparentemente se aprobó, en una, un nuevo empréstito por mil 30 millones de pesos, y la noche del martes en una segunda, se aprobaron unas iniciativas de ley que vulneran los poderes de gobierno.
Ante tal sospecha, solicitaron las actas audios y videos de dichas sesiones debido a que presuntamente no se cumplió con los protocolos oficiales de convocatoria, pero independiente a los resultados de dicha información, la alcaldesa afirmó que Solidaridad quedará en quiebra, de ahí la postura de solicitar transparencia en las finanzas y procesos del Cabildo.
Desmienten 6 regidores
Desmienten seis regidores que hayan aprobado la ley de impunidad en Carrillo Puerto, y donde pidieron al Secretario del Ayuntamiento Juan Carlos Zapata Cabrera mediante un oficio que se realice en la brevedad posible la sesión de Cabildo.
Los representantes del Cabildo dijeron que los ciudadanos pueden estar tranquilos ya que los que firman el documento se comprometen a defraudar a los carrilloportenses ya que gracias a ellos están representando al pueblo.
Un regidor que pidió que su nombre estuviera en anonimato, citó que el Presidente Municipal Gabriel Carballo Tadeo está ofreciendo un recurso de más de 300 mil pesos para que levanten la mano a favor de la ley de impunidad, en favor del Gobierno Estatal y Municipal.
Cabe mencionar que los regidores Victoria Santos, Raúl Ek, Samuel López y Francisco Talles entregaron ayer al medio día al ayuntamiento un oficio donde solicitan la emisión de nueva convocatoria a sesión extraordinaria de cabildo pública, para atender el tema de las reformas aprobadas por el Congreso.
