Virginia Próspero
CANCÚN, Q. Roo
La Barra de Abogados de Quintana Roo está por concluir el análisis para presentar amparos contra los 11 decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo que contienen los nombramientos, reformas y cambios realizados por el Congreso Local a modo.
Luis Esquiel Oroco, presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo-Colegio Profesional A.C, informó que un grupo de varios expertos en materia legal están analizando caso por caso cada una de los temas aprobados por el Congreso y que ya han sido publicados en el Periódico Oficial del Estado a fin de entrar en vigor.
Esto incluye desde que se haya informado de manera oportuna el cambio de sede del Congreso del Estado de Chetumal a Puerto Morelos, debido a que primero sesionaron de manera privada tanto en el hotel Royalton como en el Great Parnasuss en Cancún.
El abogado explicó que son 11 decretos los que entraron en vigor y tentativamente, se presentaría un amparo por cada uno de éstos, aunque contará con la información a detalle a partir de este viernes luego de que haya concluido el análisis con otros expertos.
Detalló que la intención es presentarlos, como anunciaron desde que el Congreso del Estado efectuó los primeros acuerdos del “paquete de impunidad”, esto independientemente del recurso de inconstitucionalidad que presentó la PGR ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con los partidos de oposición este “paquete de impunidad” se diseñó con miras a que el gobierno saliente en caso de que sea señalado por actos de corrupción esté protegido con funcionarios colocados por esta administración en las áreas de procuración de justicia como de castigo en materia de penas administrativas y penales.
Esquiel Orozco agregó que el recurso de inconstitucionalidad presentado contra los congresos de Quintana Roo y Veracruz representa un medio de control de la federación hacia los estados para analizar si se apegaron a la Constitución, si no contradicen tratados internacionales en materia de legalidad e implementación de la justicia y si se realizó en forma legítima.
Pese a que el gobernador del estado, Roberto Borge y el Congreso del Estado han aclarado que no han legislado respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, el abogado dijo que los magistrados que fueron nombrados para el Tribunal Administrativo si entran en dicho terreno y los otros nombramientos, del Fiscal de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia, tendría que analizarse si entran o no en dicho tema.
