REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
CANCÚN.- La exigencia para que renuncien Oscar Montes de Oca Rosales, Fiscal General del Estado (FGE) de Quintana Roo y de Rosaura Villanueva Arzápalo, Fiscal Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, fue emitida al Congreso del Estado a petición la organización Change. org y por lo cual recaudan firmas, donde ya cuentan con el apoyo del activista Antonio Ramos Pérez y Fabiola Cortés Miranda, directora de la asociación civil “Somos tus ojos”, entre otros.
A Montes de Oca se le señala por discriminación, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.
Alegan que Montes de Oca, desde su llegada a la FGE, no ha dado resultados, existen denuncias de expedientes empolvados y solo se mueven los remunerados.
A principios de este mes de septiembre policías de investigación de la FGE presentaron formal denuncia en contra del titular por los presuntos delitos de discriminación, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y/o lo que resulte.
Alrededor de 400 policías de investigación se encuentran en paro escalonado en Cancún y Chetumal inconformes por los privilegios de los que goza el personal traído de la capital, y en reclamo de homologación de sueldos, armamentos, equipo e insumos para tener una respuesta de calidad.
Por su parte, la Fiscal Anticorrupción de Quintana Roo, Villanueva Arzápalo, piden su renuncia, derivado a sus deficiencias en su desempeño, por su cuestionada actuación y porque ha dejado de manifiesto su interés en proteger a varios funcionarios corruptos.
Como sus declaraciones en las que defiende al magistrado Fernando Gama Rodríguez, quien tiene abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cabe recordar que ejerció como juez penal durante la administración de Roberto Borge Angulo, y renunció al Poder Judicial en enero de 2015 en medio de cuestionamientos sobre su desempeño. El Poder Judicial catalogó de información reservada el finiquito pagado a su ex trabajadora, aunque se publicó documentos en los que se muestra que Villanueva Arzápalo recibió irregularmente un finiquito de un millón de pesos.
