El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), a través de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, se pronunció por la pérdida de documentos en dependencias públicas vinculadas a presuntos actos de corrupción y delitos de trascendencia social como el expediente de Elba Esther Gordillo, o pruebas del asesinato del activista Samir Flores.
De acuerdo con El Universal, la Fiscalía General de la República (FGR) declaró que el expediente integrado en 2013 de Elba Esther Gordillo está “perdido”; mientras la Fiscalía General de Morelos, confesó que no se localizaron algunas pruebas del asesinato del activista Samir Flores no son localizadas.
Se detalla que entre los casos en los que se han “perdido” algunos documentos son:
Desde las instalaciones del @INEGI_INFORMA se realiza la Reunión de Trabajo con Enlaces del #PlanDAI de diversos organismos garantes del @CONAIP_SNT impartida por el @INAImexico #MéxicoTransparente pic.twitter.com/WdaplMkfFb
— Sistema Nacional de Transparencia (@CONAIP_SNT) 5 de abril de 2019
Mandar parte del acervo documental de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que contenían valiosas piezas del Siglo XIX, a una recicladora de papel.
Incendio de dos contenedores pertenecientes al Instituto Jalisciense de Asistencia Social que resguardaban información relativa a mil 200 denuncias sobre robo de vehículos y autopartes en los corralones que estaban bajo su custodia durante 2018.
Además señalaron que la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) desconoce dónde quedó la información de convenios suscritos por la dependencia por un monto de 185 millones de pesos.
Culminan los trabajos de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del @CONAIP_SNT desde las instalaciones del @INAImexico #MéxicoTransparente pic.twitter.com/M9QgPEjkF2
— Sistema Nacional de Transparencia (@CONAIP_SNT) 29 de marzo de 2019
Los demandantes señalaron que las entidades y dependencias de los tres niveles de gobierno obligadas por la Ley General de Archivos (LGA) a gestionar y preservar la documentación que producen derivada de sus funciones y atribuciones.
Y aunque señalaron que la LGA entrará en vigor en junio próximo, los documentos que se generan en las dependencias están protegidos jurídicamente por otras leyes como:
Ley Federal de Archivos.
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
