Edith Encalada
De la Redacción
Cancún.- Restringir los derechos políticos a los deudores alimentarios es un avance legal que expresa en los hechos la intención de remediar, de origen, un factor de desigualdad como lo es la omisión de responsabilidades económicas hacia los hijos; pues se trata de una práctica muy normalizada en México que trunca el desarrollo de millones de mujeres, niños, niñas y adolescentes, señaló la ex magistrada y consultora Martha Elizabeth Ibarra, ante los avances que esta iniciativa ha logrado para consolidarse en el país.
Y es que, si todo avanza conforme a lo previsto y hay suficiente voluntad política, el proceso electoral del próximo año será el primero en la historia de México en contemplar este requisito para obtener candidaturas a puestos de elección popular.
“Esta medida debe de considerarse justa, debido a que se busca que las personas que representen a la sociedad en los cargos de elección popular sean personas honestas que cumplen con sus obligaciones. El caso contrario, permitir que participen candidatos que deban alimentos a sus hijos, sería una causa de conflicto, pues nos llevaría a cuestionar: ¿Cómo se puede confiar que un candidato cumpla con las obligaciones que le establece un cargo de elección popular, si no cumple con lo básico que es dar alimentos a sus hijos?”, advirtió la jurista.
“En la práctica, el hecho de pasar este filtro será positivo para quienes se postulen, pues saber que una candidata o un candidato tiene en orden este tipo de responsabilidades, siempre es un factor de confianza para el votante”.
“De forma similar se contempla que el Registro evitará que los deudores puedan participar como aspirantes a cargos de jueces y magistrados, tanto en el ámbito local como en el federal. Medida que tiene sentido si reflexionamos en los valores que deben de cumplir los encargados de la impartición de justicia en el país”, agregó.
“Incorporar ya estos aspectos a las leyes abonará, sin duda, a que haya un clima de mayor confianza en procesos democráticos, pero también dejará un mensaje claro en la sociedad de que hay responsabilidades morales y legales ineludibles. Esto en sí mismo es un avance en términos de ir transformando la cultura que normalizar el abandono económico”, sentenció la especialista en derecho fiscal empresarial y socia fundadora de la reconocida firma de asesores Ibarra Navarrete & Kublich S.C.
“El plazo que se estableció para la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias fue de máximo 300 días hábiles, con lo que se puede deducir que es posible que éste empiece a funcionar previo a las elecciones federales del 2024, lo cual resulta relevante porque este mecanismo afectaría a los políticos que desde ahora empiezan a buscar candidaturas”, previó.
Al respecto, destacó algunos casos de políticos que han tenido señalamientos en ese sentido: “De hecho, en medios nacionales en los últimos años se han expuesto casos como el de Martín Rosado Chávez, que en su momento fue director jurídico del PRI en Oaxaca, quien se negaba a reconocer la paternidad de su hija Sabina”.
“En Nayarit, el Magistrado Juan Manuel Ochoa Sánchez, es acusado de ser deudor alimentario hasta la fecha en perjuicio de sus hijos, aun cuando una de los dos menores padece enfermedades congénitas desde su nacimiento”.
“En el Estado de Puebla se conocen también muchos casos así de políticos y funcionarios públicos, debido a que ésta es una de las entidades con mayor número de deudores alimentarios. Entre ellos se ha denunciado al exdiputado Javier López Zavala y al diputado Eduardo Alcántara Montiel”, refirió.
Por último, recordó que se espera que, en este mes de agosto, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) emita la normativa a través de la cual se establezca la reglamentación específica para la implementación adecuada del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
