MADRID.-
Una relatora de Naciones Unidas ha expresado este viernes su “grave preocupación” por las restricciones a las actividades de la Iglesia Católica en Eritrea y por los arrestos de miembros de las congregaciones ortodoxa y católica en las últimas semanas.
“Estas acciones muestran que, pese al mejorado clima regional de paz y seguridad, la situación de los Derechos Humanos en Eritrea sigue sin cambios”, ha dicho la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Eritrea, Daniela Kravetz.
“Pido a Eritrea que cumpla sus compromisos internacionales como miembro del Consejo de Derechos Humanos (de la ONU) y permita a las instituciones religiosas que operen libremente y que todos los eritreos ejerzan su derecho a la libertad de religión en el país”, ha agregado.
Las autoridades eritreas ordenaron el 12 de junio la confiscación de todos los centros sanitarios gestionados por la Iglesia Católica y, en ocasiones, se desplegó a militares frente a los edificios, se amenazó al personal y se ordenó a los pacientes que se fueran a casa.
“La confiscación de estas instalaciones sanitarias impactará negativamente en el derecho a la salud de las poblaciones afectadas, en particular aquellas en zonas rurales remotas”, ha sostenido Kravetz.
Así, ha resaltado que “al limitar las actividades de la Iglesia Católica, las autoridades eritreas están restringiendo el derecho de sus ciudadanos a disfrutar de una atención sanitaria de calidad”.
La Iglesia Católica gestiona cerca de 40 hospitales y centros de salud en el país, principalmente en zonas rurales, y algunos de ellos operan dentro de monasterios. La mayoría dan atención gratuita y algunos han llevado a cabo sus trabajos desde los años noventa.
Kravetz ha manifestado que la decisión de las autoridades llegó después de que la Iglesia apostara por un diálogo sobre paz y reconciliación en el país a través de una carta emitida por cuatro obispos católicos del país.
En la misma, reclamaron a las autoridades del país que aplicaran un plan sobre verdad y reconciliación y que pusieran en marcha reformas para que los eritreos dejaran de abandonar el país debido a la mala calidad de vida en el mismo.
Alrededor de dos semanas después, cinco curas fueron detenidos en el monasterio de Debre Bizen, mientras que más de un centenar de personas han sido detenidas durante el último mes por poner en práctica su fe.
Por ello, la relatora especial ha resaltado que el arresto de personas por ejercer su libertad de culto es una violación de las obligaciones de Asmara con el Derecho Humanitario.
“Urjo al Gobierno a que permita a los eritreos ejercer su derecho a la libertad de religión y que libere a los que han sido encarcelado por sus creencias religiosas”, ha remachado Kravetz.
