Agencias
CIUDAD DE MÉXICO
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró que la democracia está en juego, luego de que el Senado la apartara de su cargo e iniciara el proceso de juicio político en su contra.
La mandataria calificó como un “golpe” la decisión del Senado de separarla del cargo por 180 días, mientras es sometida a una investigación, y afirmó que luchará por concluir su periodo para el que fue electa en diciembre de 2018.
“Está en juego el respeto a las urnas, están en juego las conquistas de los últimos 13 años, las ganacias de los más pobres y la clase media”, dijo en rueda de prensa.
“No cometí crímenes… nunca estuve de acuerdo o apoyé la corrupción”, sentenció.
Rousseff señaló que se trata de “un proceso injusto, desencadenado contra una persona honesta e inocente”.
“La más grande de las brutalidades contra un ser humano es sancionarlo por un crimen que no cometió… habré cometido errores pero no cometí crímenes”, insistió.
“El golpe no tiene como objetivo destituirme nada más… al destituirme del gobierno quieren en realidad impedir la ejecución del programa que fue elegido por la mayoría de los votos”, señaló.
“El mayor riesgo para el país en estos momentos es ser dirigido por un gobierno que no fue electo, que no tendrá legitimidad para proponer e implementar soluciones, tentado a reprimir… es un impeachment fraudulento”, abundó.
Pero confió en que “la población sabrá decirle no al golpe” y regresar a su cargo.
“Es un golpe (…) mi gobierno fue blanco insistente de sabotaje (…) crearon el ambiente propicio para el golpe”, añadió la mandataria en una declaración televisada en cadena nacional.
Pidió a sus seguidores a mantenerse movilizados, “porque el pueblo sabe que la democracia se logra con la lucha”.
Rousseff quedará apartada del poder por 180 días mientras transcurre el juicio político contra ella en el Senado.
La oposición acusa a Rousseff de un “crimen de responsabilidad” punible con el “impeachment”, según la Constitución, cuando usó presuntamente artimañas contables por medio de créditos de instituciones públicas para cuadrar las cuentas de 2014 y 2015.