ESTADOS UNIDOS.
Grupos de activistas de Tucson, en el fronterizo estado de Arizona, entregaron este miércoles más de 18.000 firmas de votantes registrados que quieren realizar en noviembre próximo la que sería la primera consulta en Estados Unidos sobre si esta ciudad debe ser un “santuario” para indocumentados.
En caso de llegar a las urnas y aprobarse en noviembre, Tucson se convertiría en la primera ciudad “santuario” en Arizona, un estado conocido por sus duras políticas en contra de los inmigrantes irregulares.
“Estamos frente a un momento histórico, no es mucho lo que podemos hacer para frenar la separación de familias, poco para terminar con las muertes en la frontera, evitar que los inmigrantes se conviertan en una mina de oro para las compañías privadas que manejan los centros de detención, pero sí podemos hacer algo en nuestra ciudad”, dijo Zaira E. Livier.
La directora de la campaña “Familias Libres y Seguras de Tucson”, impulsores de la propuesta “Iniciativa Defensa de la Gente”, explicó en conferencia de prensa que entregaron 18.155 firmas ante la oficina del Centro de Elecciones de la Ciudad de Tucson.
Solo requieren que 9.200 de estas firmas sean validadas para que la propuesta forme parte de la boleta electoral de las elecciones del próximo 5 noviembre para intentar ser “santuario”, lo que impediría a las autoridades locales colaborar en la aplicación de las políticas migratorias, que son de competencia federal.
La propuesta también incluye 15 cláusulas para evitar la práctica de perfil racial por parte del Departamento de Policía local e impedir la presencia de agentes migratorios en lugares sensibles como escuelas, iglesias y hospitales, entre otras medidas.
Este proyecto enfrenta críticas de miembros de la comunidad y políticos que temen tenga un efecto adverso para la ciudad y la comunidad migrante.
“Lo que pide esta propuesta es algo que la Ciudad de Tucson ya está haciendo en un 60 %. Me preocupa la forma en que está escrita la propuesta, lo que puede ponernos en contra de las leyes estatales y ponernos en la mira de la Legislatura estatal, lo que le costaría a la ciudad parte de su presupuesto”, dijo a Efe Regina Romero, concejal y aspirante demócrata a la Alcaldía.
Romero, quien se ha distinguido por luchar por los derechos de la comunidad migrante en Tucson, explicó que, de aprobarse, la medida podría enfrentar a la ciudad con el estado y poner en riesgo importantes partidas presupuestarias.
La iniciativa podría entra en conflicto con la controversial ley estatal SB1070, aprobada en 2010 y que otorga el poder a los policías cuestionar el estatus migratorio de las personas que “sospechan” son indocumentados.
Romero consideró que el “problema” real en materia migratoria está en la Administración del presidente Donald Trump, la Legislatura estatal, dominada por los republicanos, y el gobernador Doug Ducey, también conservador, pero “no la ciudad de Tucson”.
