MADRID.- En una tensa y caótica sesión parlamentaria, el Congreso catalán declaró la independencia unilateral y el nacimiento de un nuevo estado, que tendrá la forma de “república” y que tendrá una nueva legislación a partir de la votación, que se basará en la llamada ley de “transitoriedad” o de “desconexión”
La votación se llevó a cabo con el hemiciclo semivacío, después de un agrio debate en el que el bloque de partidos en contra de la secesión abandonaron la sede y denunciaron el atropello “democrático” que se estaba “perpetrando”.
La propuesta fue aprobada por 70 votos a favor, diez en contra y dos votos en blanco, ante la ausencia del resto de diputados y el abandono espontáneo de un parlamentario del bloque independentista que estaba en contra de la forma en la que se aplicó la resolución y el debate. El voto fue secreto a petición de los propios grupos independentistas.
Nadie sabe, ni siquiera los propios diputados y representantes del gobierno catalán, si la resolución que se aprobó hoy en el Parlamento catalán tendrá un largo, corto o nulo recorrido. En cualquier caso, durante el tenso debate se expusieron las posturas de cada grupo, que volvieron a poner en evidencia la profunda fractura que persiste en la sociedad catalana, con la mitad de la población a favor de la secesión y la otra mitad en contra.
Así que el choque de trenes, ya inevitable, se produjo esta tarde, a raíz de la votación en el Parlamento catalán, en Barcelona, donde se aprobó la declaración unilateral de independencia al margen de la legislación vigente, y, en Madrid, donde el Senado español debatió y aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Es decir, que mientras que en Cataluña las fuerzas soberanistas decretaron la entrada en vigor de su propia legalidad y sin acatar ni las resoluciones ni las medidas emitidas desde el Estado español; en la capital española se puso en marcha la legislación de excepción con la que se destituirá al pleno del gobierno catalán, se controlarán las iniciativas del Parlamento y se asumirá el control de las principales instituciones de la región, entre ellas la policía autonómica y los medios públicos de comunicación.
La coalición de Junts pel Sí -integrada por los nacionalistas conservadores del Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)-, junto con sus aliados de ña Candidatura de Unidad Popular (CUP, anticapitalistas y feministas) presentaron finalmente ante la Mesa del Parlamento catalán la iniciativa que se votó en el pleno de esta tarde. Antes de ser votada, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, advirtió que la resolución que se iba a votar estaba impugnada y prohibida por el Tribunal Constitucional español.
La resolución dice literal : “Constituimos la república catalana como estado independiente soberano, democrático y social”, al tiempo que apelan a “la comunidad internacional” a “reconocer” esta nueva figura en la geopolítica internacional, que hasta tiene ya el rechazo de algunos de los principales aliados de la región, incluida la Unión Europea (UE) y los países más influyentes del mundo, como Estados Unidos.
En la propuesta se indica que la constitución de la república catalana es “fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Catalunya”, aunque también señalan que constituye “una mano tendida al diálogo”. Al tiempo con esta declaración “Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, después de décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica”.
La propuesta también insta a “impulsar la suscripción de un tratado de doble nacionalidad con el gobierno del Reino de España”, y “dictar as disposiciones necesarias para la adaptación, modificación, y inaplicación del derecho local, autonómico y estatal vigente antes de la entrada en vigor de la ley de Transitoriedad”.
La resolución también habilita para recuperar la “eficacia de las normas anteriores a la sucesión de ordenamientos jurídicos, anuladas o suspendidas por motivos competenciales por el Tribunal Constitucional y por el resto de tribunales”, con especial atención a las referidas a impuestos o medidas de lucha contra la pobreza y la desigualdad social.
De esta forma, todo el pliego de medidas van encaminadas a poner en marcha la república catalana e incluyen reclamaciones como la de elaborar una propuesta de “reparto de activos y pasivos entre el Reino de España y la república de Cataluña, con fundamento a criterios internacionalmente estandarizados, y estableciendo un periodo de negociación entre los representantes de ambos estados”, eso sí, “sometiendo el acuerdo alcanzado, en su caso, a la aprobación del Parlament”.
Por último, se anima a todos agentes cívicos y sociales para que en un mes constituyan la plataforma promotora del proceso o pacto nacional por el proceso constituyente. También da un plazo de 15 días para constituir una comisión parlamentaria de seguimiento del proceso constituyente y, por último arenga a los ayuntamientos a “impulsar debates constituyentes desde el ámbito local”, promoviendo la participación de la sociedad civil y facilitando los recursos y espacios necesarios para que se lleven a cabo estos debates.
La oposición en pleno abandonó el hemiciclo, con la excepción de la marca electoral de Podemos en Cataluña, que también evidenció una fractura al interior de su propio grupo, con una parte a favor de la secesión, en concreto el de su líder, Albano Dante Fachín, y de una diputada más, y el resto de los seis diputados que expresaron su profunda discrepancia con la votación y el fondo de la cuestión, que a su juicio provocará un “desastre” y una “fractura” de consecuencias imprevisibles en la sociedad catalana.
A la sesión parlamentaria acudieron un grupo de 700 alcaldes independentistas, que fueron recibidos en el Parlamento por la propia presidenta, Carme Forcadell, que les situó en un salón contiguo desde donde gritaban consignas a favor de la independencia, lo que provocó la indignación de la oposición política.
Mientras se presentaba esta propuesta en Cataluña, en Madrid se celebró el histórico pleno del Senado en el que se va a votar la aplicación, por primera vez desde la entrada en vigor de la Constitución española, del artículo 155. Y a petición del propio Rajoy, que ofreció un discurso repleto de críticas al presidente catalán, Carles Puigdemont, al que responsabilizo tanto de la aplicación de esta normativa como de lo que ocurra en los próximos días y semanas en la región. Rajoy tiene el respaldo pleno de su formación política, el derechista Partido Popular (PP), así como del principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del partido emergente Ciudadanos. En contra se posicionaron el bloque de partidos nacionalistas vascos y catalanas y de ámbito estatal la también fuerza emergente Unidos Podemos.
