CIUDAD DE MÉXICO .- La medida precautoria que impide la siembra de maíz transgénico en México desde septiembre de 2013 se encuentra en un momento crítico: el próximo jueves un juez federal dará a conocer su decisión respecto a cuatro amparos promovidos por los gigantes de la industria transgénica –entre ellos Monsanto, Bayer o Syngenta–; una resolución favorable a alguno de estos cuatro amparos abriría al maíz transgénico las puertas de México.
“La moneda está en el aire”, asevera René Sánchez Galindo, abogado del colectivo que obtuvo la medida precautoria hace tres años y medio, en entrevista con Apro.
El activista recuerda que la industria y el gobierno de Enrique Peña Nieto arremetieron con fuerza contra la suspensión de siembra de semillas transgénicas: la combatieron a través de 26 juicios de amparos, en 17 distintos tribunales federales.
Sánchez explica que la industria pretende derrumbar la medida precautoria con base en tres argumentos: el primero, “el mismo de siempre”, consiste en aseverar que la demanda no procede, pero este argumento es inválido en la opinión del abogado, pues 17 tribunales federales ya confirmaron que la demanda es válida en su forma.
El segundo argumento de las empresas sostiene que la justicia no tiene las facultades para suspender el otorgamiento de permisos de siembra de semillas transgénicas, y que al hacerlo invade las facultades del poder ejecutivo. Sánchez sostiene que este argumento también pasó por varios tribunales que lo desecharon.
El tercer argumento de la industria es que los documentos y estudios científicos que presentó el colectivo son inválidos porque los activistas los presentaron tarde. Entre estos documentos destaca un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) que demuestra la presencia ilícita de 89 plantíos de maíz “contaminados” por maíz transgénico en una muestra de cerca de 2 mil plantíos.
De acuerdo con Sánchez, la industria tenía la oportunidad de revocar este argumento en junio de 2015, cuando el estudio se presentó por primera vez. Ahora es demasiado tarde, considera.
La medida precautoria fue dictaminada en septiembre de 2013 en el marco de un juicio colectivo que promovió la Demanda Colectiva Maíz contra el otorgamiento de permisos de siembra de maíz transgénica y contra la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Entre otros, el colectivo asevera que la ley, al permitir la siembra de maíz transgénico, afecta a las razas de maíz nativas de México y vulnera así la diversidad del cereal en uno de sus principales centros de origen en el mundo. En octubre pasado, un tribunal de amparo consideró que las evidencias del colectivo demostraban la existencia de “un peligro inminente” para el maíz nativo.
Sin embargo, el juicio como tal todavía no empezó. Desde septiembre de 2013, la industria, junto con el gobierno federal, concentraron sus esfuerzos para tumbar la medida precautoria primero, lo que abriría la venta y siembra de semillas de maíz transgénico durante el juicio, el cual podría extenderse durante un gran tiempo.
La decisión del próximo jueves incumbirá al magistrado Vargas Chávez, integrante del Primer Tribunal Colegiado en materia Civil de Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México. Sánchez dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría tomar el caso si quisiera. (Fuente: Proceso)
