CDMX.- Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN en 2018 y quien reside en Texas, Estados Unidos, tras ser implicado en el caso de corrupción por Odebrecht, intentará regresar a México como senador de la República en 2024.
La Comisión Nacional de Procesos Electorales (CNPE) del PAN aprobó el registro de Anaya como senador de la República por la vía de representación proporcional por el estado de Querétaro para el periodo de 2024 a 2030. En tanto, Carlos Alberto Cárdenas Alamilla será registrado como su suplente.
El 15 de noviembre, Anaya presentó su solicitud de registro para ocupar el cargo de senador de la República ante la CNPE, la cual fue aprobada por la Comisión integrada por el comisionado presidente, Geovanny Barajas, y los comisionados Jovita Morín, Bogar, Alba, Alejandra González y José Luis Ovando.
Históricamente, los excandidatos presidenciales panistas anteriores que no ganaron la Presidencia han ocupado un escaño en el Senado de la República en el periodo posterior. Diego Fernández de Cevallos, quien fue candidato presidencial en 2014, fue senador de la República por la vía de representación proporcional de 2000 a 2006.
Lo mismo sucedió con Josefina Vázquez Mota, quien perdió las elecciones presidenciales de 2012, y fue nominada al Senado de la República para el periodo de 2018 a 2023.
Anaya fungió como diputado de representación proporcional en el Congreso de Querétaro, durante el periodo de 2009 a 2011; además, fue subsecretario de Planeación Turística, de 2011 a 2012, en la última etapa de la administración del expresidente Felipe Calderón.
De ahí pasó a la Cámara de Diputados, como diputado federal para el periodo de 2012 a 2015, pero solicitó la primera licencia para fungir como secretario general del PAN en 2014, y en segunda ocasión para competir por la Presidencia del partido, un cargo que ocupó de 2015 a 2017.
En 2018, Ricardo Anaya fue el candidato presidencial de la alianza conformada por el PAN, PRD y MC, sin embargo perdió las elecciones frente a Andrés Manuel López Obrador, al quedar en segundo lugar en las votaciones, con 12 millones 610 votos, menos de la mitad de los 30 millones de sufragios que consiguió el actual presidente.
En 2020, tras el involucramiento de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el escándalo de corrupción por los sobornos otorgados por la empresa constructora Odebrecht, se señaló a Anaya de presuntamente recibir sobornos para apoyar la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.
El excandidato presidencial dejó México desde el 5 de julio de 2021, de acuerdo con la Fiscalía General de República (FGR).
La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado a Ricardo Anaya de haber participado en un esquema delictivo –presuntamente encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray– a través del cual se pagaron sobornos a legisladores –con recursos provenientes de Odebrecht– para agilizar la aprobación de la reforma energética.
En total, según la imputación, el panista habría recibido más de 6 millones 800 mil pesos como resultado de estos sobornos.
La indagatoria inicial de la FGR se sustenta, principalmente, en tres declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en las que detalle los contactos y las entregas de dinero que se hicieron a Anaya en 2014, cuando encabezaba la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Para corroborar estas denuncias, la Fiscalía recabó las declaraciones de cinco testigos –ofrecidos por el propio Lozoya– que dan detalles de la forma en cómo se realizaron los pagos. Además, para corroborar el rol de Anaya en la aprobación de la reforma, se incluyó como prueba una copia del diario de los debates sobre la sesión del Congreso en donde se aprobó dicha modificación legislativa.
Muchas de estas evidencias son las mismas que la Fiscalía utilizó para lograr que el exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury también fuera procesado y encarcelado por este mismo caso.
En tanto, Ricardo Anaya ha respondido durante los últimos años que es inocente, que nunca recibió ningún tipo de soborno para aprobar una reforma con la que él estaba de acuerdo desde el principio, y que las acusaciones de Emilio Lozoya son falsas, y producto de una “persecución política” impulsada desde el gobierno de López Obrador.
