El consejero nacional priista Armando Barajas Ruiz pidió al presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, Fernando Elías Calles Álvarez, iniciar un “procedimiento sancionador” con miras a la expulsión de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge.
En un escrito que presentó hoy ante esa instancia, quien dijo ser presidente de la “Corriente Solidaridad” pidió la “suspensión temporal” de los derechos partidarios de los actuales gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
En el documento también se planteó la posterior expulsión de esas personas, “una vez acreditadas las conductas contrarias a los documentos básicos” del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Barajas Ruiz enumeró algunas presuntas irregularidades cometidas por los tres mandatarios estatales, todas ellas relacionadas con el uso de recursos públicos.
Dichas acciones, expuso en el documento, caen dentro de los supuestos señalados en el artículo 227 fracción X del Código de Justicia Partidaria, al cometer faltas de probidad y delitos en el ejercicio de las funciones públicas.
En el caso de Veracruz, refirió que la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, interpuso dos denuncias contra el gobierno de Duarte de Ochoa por no cubrir el pago de subsidios por dos mil 076 millones de pesos desde el año 2013.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT), además, presentó 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República por los contratos que celebraron dependencias del gobierno de Veracruz con “empresas fantasma” para la supuesta compra de productos y bienes para la población vulnerable.
Contra dicho gobierno también hay 26 averiguaciones previas por denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante el Ministerio Público Federal, relacionadas con desvío de recursos públicos provenientes de partidas federales.
Respecto a César Duarte Jáquez, expuso que tiene 17 denuncias en su contra por irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, lo cual constituye un hecho público notorio, “así como el impacto negativo que ello tuvo en las campañas”.
De Borge Angulo mencionó que el Congreso de la Unión solicitó a la Auditoría Superior investigar los recursos federales entregados en 2015 al gobierno de Quintana Roo, por más de 16 mil 700 millones de pesos, a través de los ramos 28, 23 y 33.
La Comisión Permanente planteó además que se incluya en el programa de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, un apartado en el que se revise el uso de esos recursos federales.
Información: Notimex
