JOSÉ RAÚL REYES
GRUPO CANTÓN
Como constructor de ferrocarriles, el arquitecto urbanista Rogelio Jiménez Pons resultó un desastre.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que durante su gestión de dos años y 40 días incumplió con la ley, causó daño patrimonial y ocasionó que la obra de construcción del Tren Maya, por mucho el proyecto más ambicioso del sexenio, se retrasara significativamente.
Con base en los resultados de auditorías practicadas, con fecha de dictamen el 28 de enero de 2022, el ahora subsecretario de Transportes de la SICT, incumplió con las normas de licitación de obras, realizó pagos ilegales por anticipos a contratistas y no efectuó una supervisión adecuada de los trabajos.
Además, el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión comprobó que Jiménez Pons inició los trabajos del Tren Maya sin haber obtenido los permisos completos de los derechos de vía y el resolutivo de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Esto al final resultó determinante para el cumplimiento del calendario de ejecución del proyecto y, junto con su desgano, incompetencia, actos de corrupción y de tráfico de influencias —señalado por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el 25 de enero de este año—, motivó su salida de la dirección del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), responsable la obra ferroviaria estratégica.
Funcionario de bajo perfil y sin mayores méritos que haber ganado una Bienal de arquitectura en 1983, el 19 de diciembre de 2019 Rogelio Jiménez Pons recibió la encomienda presidencial de construir el Tren Maya, el cual para diciembre del próximo año habrá consumido más de 240 mil millones de pesos del presupuesto federal.
Estuvo en el puesto hasta el 11 de enero pasado, cuando el ejecutivo federal lo relevó y envió a la subsecretaría de Transportes de la SICT, debido a que “no se aplicó”, y se aferró a mantener en sus puestos a amigos, compañeros y familiares a pesar que no daban los resultados.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, uno de esos amigos fue Manuel Santiago Quijano, a quien nombró director de Gestión Estratégica y Enlace Institucional y por cuyas manos pasaban las principales decisiones, entre ellas la adjudicación de contratos y el nombramiento de funcionarios clave.
A través de contratistas, la oficina de Quijano era la responsable de la liberación de los derechos de vía, por donde, se presume, se estaba fugando el dinero del presupuesto.
IRREGULARIDADES
En este sentido, al revisar los trabajos referentes a la construcción de plataforma y vía del Tren Maya correspondientes al tramo 2, Escárcega-Calkiní, en el estado de Campeche, “se constató que la entidad fiscalizada no tramitó y obtuvo previo al inicio de los trabajos la liberación total de los derechos de vía en el tramo modificado de 93.1 km”, señala la ASF.
La auditoría detectó que “habían 34 predios pendientes por liberar y que han derivado en atrasos en la ejecución de los trabajos”.
Así mismo, se verificó que al iniciar los trabajos de este tramo 2, el 28 de mayo de 2020 no se contaba con la Manifestación de Impacto Ambiental y que fue
hasta 16 de junio cuando se presentó a trámite la documentación ante la Semarnat, con lo cual se violó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.
Estas auditorías que apenas representan diez conceptos por un monto de 411 millones de pesos, arrojaron que el Fonatur bajo la dirección de Rogelio Jiménez tiene pendientes por aclarar en relación con el uso de casi 26 millones de pesos.
Se presume daño o perjuicio a la hacienda pública por más de 10 mil 364 mil pesos, por pagos a personal de supervisión de diferentes categorías, quienes supuestamente acudieron a revisar obras que ni siquiera se habían iniciado.
Pero el daño más importante que causó el arquitecto urbanista egresado de la UNAM fue el retraso general de la obra, la cual se programó para entregarse en diciembre de 2023, pues según analistas al día de hoy su avance físico es de apenas un 43 por ciento.
Por todas las anomalías la ASF solicitó al órgano de control interno del Fonatur iniciar pliegos de responsabilidades y la promoción de responsabilidad administrativa y sanciones contra Jiménez Pons y su equipo.
Más dinero para corregir errores de Pons
GRUPO CANTÓN
Con la urgencia de recomponer lo mal hecho por su anterior director Rogelio Jiménez Pons y cumplir con la promesa presidencial, el Fonatur a cargo ahora de Javier May Rodríguez pretende gastar en 2023 más de 143 mil millones de pesos en las obras del Tren Maya.
Se trata de más de un 100 por ciento del dinero programado para este año, el cual al iniciar el año ascendía a 63 mil millones pero tuvo un ajustes a la alza de 10 mil millones de pesos.
De acuerdo con el proyecto de egresos de la federación presentado a la Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un 43 por ciento del dinero para el Tren Maya le corresponderá ejercerlo a la Sedena, responsable de la ejecución de los tramos 5, 6 y 7.
Se trata de más de 61 mil millones de pesos, inversión que corresponde con el tamaño del reto, pues el tramo 5 es uno de los que más problemas ha tenido para su ejecución, en tanto que el 6 y 7 tienen incluso pendientes sus manifestaciones de impacto ambiental.
De esta forma, los tramos 1, 2, 3 y 4 se llevarían más de 62 mil millones de pesos para su construcción. Y se contemplan casi 20 mil millones para comprar e instalar rieles, material rodante, instalaciones eléctricas, trabajos de supervisión y otros servicios.
La planeación para el próximo año contempla la construcción de 50 kilómetros de líneas férreas, lo cual permitirá interconectar a los primeros municipios; a la par quedarían listas cinco estaciones.
El Tren Maya absorbe la mayor parte del presupuesto del Programa de Inversión de Infraestructura Gubernamental, pues los 143 mil millones de pesos representan un 18.7 por ciento del total del techo financiero; le siguen dos proyectos petroleros: el campo Ixachi y el desarrollo integral KuMaloob-Zaap por más de 28 mil millones de pesos cada uno.
La principal obra ferroviaria del sexenio tiene como propósito el desarrollo económico de la región sur-sureste. Será un servicio de transporte de carga y se propone que sea el detonante del desarrollo turístico con sus más de mil 1500 kilómetros de vías férreas.
