CIUDAD DE MÉXICO.
El proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía se frenó judicialmente, porque dejarlo continuar “impactaría en el derecho fundamental al derecho a la vida, a la integridad personal, laboral y económica”, no sólo del piloto que logró la resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sino de “toda la sociedad en general”.
La resolución judicial que ordenó suspender la construcción de Santa Lucía hasta que tenga todos los estudios técnicos de seguridad y que ordenó mantener intactas las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cuya copia posee Excélsior, detalla que fue un “piloto de transporte público ilimitado ala fija” quien logró que se le reconociera su interés legítimo de demandar a las autoridades federales por poner en riesgo su vida, al emprender una obra sin garantías de seguridad.
“Lo que pretende la parte quejosa, al paralizar los actos reclamados, es que se cumpla con lo establecido en los artículos 1, 14 y 22 constitucionales, lo que en su caso implicará en un juicio constitucional principal, el análisis del cumplimiento a las disposiciones jurídicas que garantizan la protección del derecho a la vida e integridad personal, como un derecho inherente a la persona humana, así como de los derechos fundamentales económicos relacionados con la libertad de trabajo y su progresividad.
“Esto es, las consecuencias de la construcción del aludido aeropuerto, sin contar con los estudios ya destacados, y la destrucción de los materiales del proyecto original, pondrían en riesgo el derecho a la vida del quejoso y su integridad personal, laboral y económica, de ahí que con el otorgamiento de la suspensión provisional no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes ni se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, sino todo lo contrario.
“Se estaría evitando la construcción de una obra a gran escala que, a decir del quejoso, impactaría su derecho fundamental al derecho a la vida, a la integridad personal, laboral y económica, lo que, dicho sea de paso, interesa a toda la sociedad en general”, dice la resolución judicial.
Alerta que “de ejecutarse el acto reclamado, sin contar con los estudios que garanticen la seguridad, no sólo para los usuarios, sino para los que efectuarán maniobras de despegue y aterrizaje, difícilmente podrían ser retrotraídas las cosas a su condición que actualmente tienen, pues no pueden perderse de vista que tales actos podrían no ser útiles para garantizar la seguridad, y con ello el derecho a la vida y a la integridad personal, laboral y económica, inherentes a cualquier ser humano”.
El colegido de jueces añade que la sociedad en general está interesada en que “los servicios de transporte que construye o moderniza el Estado cumplan, como se cuestiona en el caso concreto, con los estudios de seguridad que avalen y garanticen la seguridad a la vida, la integridad personal, laboral y económica, entendidos como derechos fundamentales inherentes a todo ser humano”.
Proyecto va, dice ferrando
La construcción del aeropuerto de Santa Lucía no está en riesgo, dado que las autoridades cumplirán con todos los requisitos necesarios, con respeto a las decisiones del Poder Judicial, aseguró Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT).
“Vamos a cumplir con lo debido y tenemos toda la información del caso. Los estudios están revelando que podremos emprender la obra en el aeropuerto de Santa Lucía”, agregó.
En el mismo sentido, Gerardo Ferrando, director del Sistema Aeroportuario México, consideró que “los amparos y suspensiones dictadas por jueces no detendrán en definitiva la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía ni el uso del terreno donde se construía el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
“Hasta ahora no hay decisión de juez que afecte las actividades ni en Texcoco, en la terminación anticipada de los contratos, y en el caso de Santa Lucía hay una prevención sobre trabajos. No hay trabajos en marcha. Se están en proceso de obtención de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)”, aseguró.
Dan quinta medida cautelar
La quinta suspensión de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía fue concedida ayer por dos de tres magistrados federales, al considerar que está en riesgo la sustentabilidad de la región pues, además de la modificación del ecosistema, implica más contaminación.
Para el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de México, se debe verificar que la obra cuente con los dictámenes y permisos ambientales, y garantizar que no afectará el ambiente.
“No se prohíbe la construcción del aeropuerto, sino que única y exclusivamente se concede la medida cautelar para que su construcción se paralice hasta en tanto se verifique que cuenta con los dictámenes y permisos ambientales conforme a las leyes”.
