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noviembre 21, 2024

México

Escala conflicto de Vulcan Materials; legisladores de EU proponen sancionar a buques mexicanos

El enfrentamiento, que ha llegado a un arbitraje internacional, surgió cuando Vulcan reclamó una indemnización por los actos de autoridad emprendidos en su contra por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Redacción / GRUPO CANTÓN


CDMX.- Un grupo de senadores de Estados Unidos insinuaron al Gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que si los terrenos y el puerto de Vulcan Materials, en la Península de Yucatán, son confiscados, recurrirán a todos los recursos disponibles para garantizar que ninguna entidad o individuo se beneficie de lo que consideran un robo de propiedad.

Fue este miércoles cuando el grupo bipartidista de miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo una propuesta para que el gobierno de López Obrador dé marcha atrás en sus planes de tomar el control de una cantera de piedra caliza y un puerto propiedad de Vulcan Materials, con sede en Alabama.

El proyecto de ley presentado este miércoles está diseñado para impedir que los barcos que utilizan el puerto, en caso de ser expropiados por México, descarguen o sean reparados en Estados Unidos, según la oficina del representante August Pfluger de Texas, donde Vulcan emplea a 2 mil personas. Si bien el proyecto de ley no nombra empresas o países específicos, su objetivo es apoyar a la empresa en su disputa con México.

 

 

 

HISTORIA FRACTURADA

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De acuerdo a información luego de años de negociaciones, no se ha llegado a un acuerdo para que México compre el terreno de Vulcan ubicado en la Riviera Maya, al sur de Playa del Carmen, en tanto el gobierno mexicano preparaba una declaración formal del sitio como área natural protegida y tomar el control de los activos.

La compañía es propietaria de una cantera caliza en la selva de Quintana Roo y el mandatario federal mexicano la ha acusado de causar daño ecológico, y amenazado con tomar acciones legales en caso de que los predios no sean vendidos al gobierno.

En ese sentido los demócratas Terri Sewell de Alabama, de la sede de Vulcan, y Salud Carbajal de California estuvieron entre los ocho copatrocinadores del miércoles por la mañana.

Anteriormente, senadores republicanos y demócratas enviaron una carta a la embajadora mexicana Alicia Bárcena para reclamar la intención del Gobierno mexicano de declarar como área natural protegida los terrenos de la compañía Vulcan (Calica).

Desde 2022, el presidente López Obrador ha señalado que los terrenos de Sac-Tun podrían ser expropiados a fin de utilizarlos para la construcción de un parque recreativo, mientras que Puerto Venado podría ser utilizado como una terminal para privados de cruceros y ferrys.

A raíz de ello, en noviembre de 2023, la Semarnat señaló que las más de 2 mil hectáreas de Vulcan Materials podrían ser declaradas como área natural y esto fue tomado como una amenaza para la empresa.

Hasta el momento, no hay claridad sobre cuándo el Gobierno de México realizará la toma de los terrenos de Vulcan, pero planea seguir adelante a menos que se produzca un avance inesperado o una concesión por parte de la compañía.

INGRESO ILEGAL

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Es de destacar que el pasado 9 de abril, una embarcación identificada como “Algol” con matrícula 1402 de la Secretaría de Marina (Semar), ingresó a la zona marina correspondiente al puerto de la compañía estadounidense. A bordo venían más de 15 personas, entre tripulantes uniformados, presuntamente marinos de la Semar, y otros tantos civiles no identificados.

Durante más de 20 minutos, los tripulantes vestidos de civil tomaron fotografías y videos de las instalaciones del puerto sin dar aviso a la Capitanía de Puerto, señala Celis en su texto.

No es la primera vez que Calica sufre ingresos ilegales por parte de la autoridad acompañada de privados desde que fue clausurada el 6 de mayo de 2022, tras acusarla de ocasionar un desastre ecológico en Quintana Roo, además de oponerse a la construcción del Tren Maya.

Desde inicios del 2023 el presidente López Obrador acusó a militantes del partido Republicano de financiar a grupos “pseudoambientalistas” que se oponían a obras emblemáticas de su administración federal, tales como el Tren Maya. El 14 de marzo de ese año, personal de Semar, de la Secretaría de la Defensa y de la policía estatal invadieron las instalaciones acompañados de representantes de Cemex, con el argumento de trasladar el material para el Tren Maya que llegó en un barco que atracó en el puerto de Punta Venado.

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