Redacción / Grupo Cantón
La presidenta Claudia Sheinbaum lo calificó como ilegal y un claro conflicto de intereses.
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el próximo 1° de junio “la gente va a salir a votar”, y aprovechó para denunciar un presunto caso de conflicto de interés en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Según dijo, un ministro —a quien identificó únicamente como alguien “con nombre compuesto”— estaría promoviendo la devolución con intereses de un crédito fiscal pagado hace años por tres grandes contribuyentes al Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando él mismo dirigía esa institución.
En conferencia de prensa, Sheinbaum detalló que dichos pagos fueron realizados “hace muchos años” por tres grandes empresas al SAT. Aunque se reservó los nombres, indicó que podrían darse a conocer si se considera necesario.
“Estas empresas, después de pagar, fueron a tribunales para argumentar que no estaban de acuerdo con lo que habían entregado al fisco”, explicó.
De acuerdo con la mandataria, un juez les dio la razón a las empresas y dictaminó que habían pagado más de lo debido. Sin embargo, ahora estas compañías no solo quieren que se les devuelva el monto original, sino también los intereses acumulados, lo cual calificó como ilegal.
“Estas empresas están pidiendo que no solamente se les regrese el dinero, sino que lo quieren con intereses, cosa que es completamente irregular”, aseveró Sheinbaum. “Existen antecedentes de que eso no procede legalmente”, agregó.
Lo más grave, subrayó, es que los pagos se realizaron cuando uno de los actuales ministros de la Corte era director del SAT.
“Tiene un nombre compuesto y ahora pretende resolver que se les devuelva con intereses. O sea, conflicto de interés, para empezar”, enfatizó.
Además de la ilegalidad, señaló que este caso refleja la necesidad de una reforma profunda en el Poder Judicial.
“Un argumento más de por qué queremos que el Poder Judicial responda a la justicia y no a los intereses de unos cuantos”, declaró.
Finalmente, Sheinbaum reiteró que su administración está comprometida con la legalidad y la transparencia fiscal, y que continuará señalando cualquier acto que atente contra el interés público.
“No podemos permitir privilegios disfrazados de legalidad. Todos debemos cumplir con la ley, desde el ciudadano común hasta las grandes corporaciones y los ministros”, concluyó.
