La defensa de Rosario Robles utiliza los mismos argumentos de otros dos altos funcionarios de la Sedesol y la Sedatu que en abril de este año no fueron vinculados a proceso por el caso de La Estafa Maestra: responsabilizar a las universidades que participaron en el esquema de fraude por los presuntos desvíos millonarios a empresas fantasma.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de La Estafa Maestra y presuntos desvíos millonarios en la Sedesol. Por ello, citó a la exfuncionaria este jueves 8 de agosto en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México ante un juez de control, quien decidirá si la Fiscalía tiene pruebas suficientes para vincularla a proceso, o si por el contrario no la vincula.
El citatorio de la Fiscalía surge a raíz de una denuncia interpuesta en septiembre del año pasado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la organización civil Tojil AC, a partir de la investigación periodística La Estafa Maestra, en la que se documentó un esquema de corrupción por el que más de 2 mil millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de Sedesol acabaron en empresas fantasma a través de las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México.
Ante estos señalamientos y el citatorio de la Fiscalía, el abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, dijo que su representada no firmó contrato alguno con las compañías fantasma, “ni ordenó a nadie que se firmara nada”. E insistió en el mismo argumento que ya apuntaron múltiples implicados en La Estafa Maestra, recalcando que, en todo caso, la responsabilidad por alguna irregularidad recaería sobre las universidades que subcontrataron a las compañías.
“Cada quien debe responder de sus actos, y si las universidades hicieron un uso indebido del dinero que se les pagó por un trabajo legítimo, pues ellas serán las que tengan que responder por ese dinero”, subrayó en entrevista con Animal Político Julio Hernández, quien, no obstante, insistió que tanto la Sedesol como la Sedatu sí recibieron los servicios que contrató a las universidades, a pesar de que las compañías subcontratadas son fantasma.
Con este mismo argumento de pasarle la responsabilidad a las universidades, dos altos funcionarios de Sedesol y de Sedatu, ambos bajo la dirección de Rosario Robles como titular en ambas dependencias, ya libraron en abril pasado ir a juicio por La Estafa Maestra.
Se trata de Pedro Simón León Mojarro, excoordinador de delegaciones de la Sedesol, y Francisco Báez Álvarez, exdirector de presupuesto de la Sedatu.
Ambos fueron subalternos directos de Emilio Zebadúa, mano derecha de Rosario Robles y exoficial mayor de Sedesol y de Sedatu, quien también fue denunciado penalmente por la Auditoría Superior de la Federación por su presunta participación, en 2016, en desvíos por 185 millones de pesos de la Sedatu que terminaron en empresas ilegales.
Así ‘libraron’ La Estafa Maestra
En el caso de León Mojarro, éste firmó en 2015 un convenio por 124 millones de pesos con la Universidad Intercultural del Estado de México para el levantamiento de cuestionarios en un millón de hogares como parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre de Sedesol.
Sin embargo, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como la Fiscalía, detectaron que esa universidad pública, a pesar de haber declarado por escrito previo a la firma del convenio que contaba con la capacidad y la infraestructura necesaria, subcontrató a empresas fantasma o irregulares que no hicieron los servicios y se quedaron con el dinero de la Sedesol.
Por este caso, la Fiscalía acusó a León Mojarro por ejercicio indebido de la función pública, como a Rosario Robles. No obstante, el juez federal Fernando Payá determinó que la Fiscalía no aportó datos de prueba suficientes sobre conductas ilícitas en la contratación de las universidades, ni sobre uso indebido de la función pública. Y decidió no vincular a proceso al exfuncionario de Sedesol.
Entre sus argumentos, el juez le dio la razón a la defensa de Pedró Simón Mojarro, señalando que si posterior a la firma del convenio entre la Sedesol y la Universidad, la casa de estudios subcontrató de manera indebida a empresas privadas, pese a haber declarado ésta por escrito que tenía la capacidad y que no subcontrataría servicio alguno, esto ya sería materia de otra causa penal no imputable al exfuncionario de Sedesol.
“El imputado no podía saber, a futuro, que la Universidad subcontrataría a empresas”, resaltó el juez.
“Además, la Fiscalía no acreditó que el imputado sabía, previo a la firma del convenio, que la Universidad subcontrataría por arriba del 49% que permite la Ley Federal de Adquisiciones”, añadió el juez en la audiencia inicial por este caso del 4 de abril pasado.
El caso de Francisco Báez
En cuanto a Francisco Báez, éste fue el encargado de liberar 185 millones de pesos de la Sedatu para pagar a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del Estado de Hidalgo, para la realización de una serie de servicios tecnológicos a la dependencia que no se hicieron, según documentó la Auditoría Superior de la Federación.
Por este caso, la Fiscalía pidió a un juez federal que vinculara a proceso a Báez por la presunta autorización indebida de pagos por 185 millones de pesos, y por el probable delito de ejercicio indebido del servicio público, también el mismo que le atribuye ahora a Rosario Robles.
Pero otra vez el juez Fernando Payá decidió no vincular a proceso a Francisco Báez por falta de elementos probatorios. Y argumentó, de nuevo, que la responsabilidad en la subcontratación de empresas fantasma o irregulares recaería, en todo caso, en la universidad y no en los funcionarios de Sedatu.
Es decir, según la decisión del juez, la supuesta no realización de los servicios contratados por la Sedatu no sería imputable al exdirector de presupuesto de la Sedatu, sino que, en todo caso, sería a la Universidad que debía dar esos servicios. Y que esto, como ya argumentó el magistrado en el caso de León Mojarro, ya sería materia de otra causa penal distinta.
Cortesía: Animal Político
