El Congreso de Quintana Roo echó atrás una serie de medidas que formaban parte del paquete con el que el gobernador Roberto Borge pretendía —según expertos y opositores— “blindarse” de investigaciones por presuntos casos de corrupción al término de su gestión.
La creación del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo y los nombramientos de Minerva Maribel Moreno Cruz, Cesar Cervera Paniagua y Jorge Herrera Aguilar como magistrados quedaron sin efectos luego de que el Legislativo local aprobó su derogación.
Sin embargo, los diputados locales sólo revisaron la propuesta del mandatario, sin derogar los acuerdos donde se nombraron a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado por un periodo de siete años, la creación de la Fiscalía General de Justicia y su titular por un periodo de nueve años ni la designación del auditor superior del estado.
Esta decisión se tomó luego de que la Presidencia de la República a través de la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la aprobación de reformas por los congresos locales de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, por considerar que no van acordes al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). A raíz de esto, el mandatario dio marcha atrás a estas iniciativas.
El pasado 14 de julio, el gobernador Borge se reunió con la titular de la PGR, Arely Gómez, a quien le expresó su disposición para abrogar o derogar los actos que motivaron la acción de inconstitucionalidad.
Sin embargo, la derogación no contempla otros temas como el nombramiento de Javier Félix Zetina como auditor Superior del Estado, ni la asignación de escoltas para el mandatario estatal y su familia por 15 años.
Durante la discusión, la diputada panista Trinidad García Arguelles calificó de incongruente que no se haya revocado también el nombramiento del fiscal, Carlos Álvarez, pues aseguró que es pieza clave en el blindaje del gobernador.
El 25 de junio pasado, dichos nombramientos fueron aprobados por el Congreso estatal, en sesión extraordinaria celebrada a puerta cerrada en el hotel Royalton Riviera Cancún.
Además, los legisladores también aprobaron reformas y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución local, como la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105, las cuales fueron presentadas por el gobernador Borge.
A su vez, aprobaron diversas cuentas públicas correspondientes a 2015, entre ellas las de los instututos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: para el Desarrollo y Financiamiento; del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública, y del Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación del Municipio de Benito Juárez
También se aprobaron las cuentas de los Servicios Educativos de Quintana Roo; del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social; el Cecyte; la Universidad del Caribe (Unicaribe); la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya; la Administración Portuaria Integral de Cozumel; y de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales.
Los legisladores nombraron a Lizandro Landeros Lima como titular de la dirección de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo del Estado, y se rindió el informe correspondiente al cuarto periodo extraordinario de sesiones.
El Comité Ciudadano de Quintana Roo (CCQ) entregó a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado la petición para revocar del cargo a Javier Félix Zetina González como auditor superior del Estado, así como la revisión de los escoltas a exfuncionarios y a exgobernadores.
Irene Esquiloano González, presidenta del Comité Ciudadano, informó que de manera simultánea integrantes del Comité entregaron una petición en el Congreso de la Unión para revocar los poderes en el Estado, la cual está respaldada por 2,000 firmas.
Sin embargo, debido a que los legisladores no se encontraban en sus cubículos, tuvieron que entregar los documentos a sus secretarias.
Información: Expansión
