Agencias
CIUDAD DE MÉXICO
Uno de cada tres estados no revela públicamente, al menos, la quinta parte de los asesinatos que ocurren: 11 de ellos no informaron entre el 36 y el 20% de los homicidios que se perpetraron en 2014, pese a que el cuerpo de la víctima existe y hay un certificado de su defunción violenta.
Un análisis que se incluye en el informe de resultados del Índice de Paz México 2016, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), reporta que la calidad de los datos relacionados con la violencia en México es deficiente, no solo por la cifra negra de los casos que no se denuncian, sino por la falta de veracidad de los registros oficiales.
Para evidenciar las deficiencias en la calidad de la información y tener una perspectiva real de los niveles de violencia en el país, los expertos del IEP incluyeron el registro de víctimas de homicidio reportadas ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son los casos en las averiguaciones previas de las agencias del Ministerio Público; y la información de las víctimas de homicidio reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que corresponde a los homicidios contabilizados a partir de los certificados de defunción por muerte violenta. Al comparar dichos registros, se descubrió que en todos los estados hubo diferencias entre los homicidios.
El Índice de Paz México 2015 colocó a Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala entre las cinco entidades más pacíficas del país, sin embargo, en el caso de los homicidios dolosos, las tres entidades se encuentran entre las que tienen el mayor subregistro de los casos.
De acuerdo con los analistas, detrás de todas estas diferencias hay tres factores en México, el primero es la “falta de capacidad de policías y del sistema judicial para atender y procesar los altos niveles de delincuencia que el país ha enfrentado en años recientes”.
Como segundo factor, es la “corrupción en organismos gubernamentales que provoca que los delitos intencionalmente no se registren”, y el último factor es la falta de denuncia o inacción del Ministerio Público.
