La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación para determinar la probable existencia de una concentración ilícita en el mercado de la comercialización, distribución y expendio al público de gasolinas y diésel.
En el Diario Oficial de la Federación y en su portal de Internet, la Cofece explicó que a partir de la reforma energética, “los expendedores de gasolina y diésel han buscado esquemas para lograr economías de escala (reducir gastos de producción al expandirse) por lo que, en fechas recientes, podrían haberse llevado a cabo procesos de consolidación de expendedores mediante adquisiciones, fusiones, consorcios o alianzas comerciales”.
Por ejemplo, observó, en el último año el 10 por ciento de las estaciones de servicio del país ha cambiado de razón social.
De acuerdo con la Comisión, estas operaciones, que generalmente buscan conseguir objetivos como reducir costos, mejorar la proveeduría de insumos, de logística y ampliar la oferta de estos combustibles, no necesariamente son concentraciones ilícitas.
Sin embargo, aclaró, pueden llegar a constituir esta conducta anticompetitiva cuando las operaciones logran conferir o aumentar el poder sustancial de uno o varios agentes económicos; desplazar a otros agentes económicos o establecer barreras a la entrada que impidan a terceros el acceso al mercado o a insumos esenciales o facilitar la ejecución de prácticas monopólicas que dañen a los consumidores.
Por ello, desde 2016, la Cofece recomendó a las empresas de este sector que notifiquen de forma preventiva cualquier proyecto de asociación o concentración, para considerar su posible impacto en las condiciones de competencia que prevalecen en los mercados de estos combustibles.
Según el comunicado, este procedimiento de investigación inició el 6 de septiembre de 2017 con número de expediente DE-018-2017, y “hasta el momento no se han identificado violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos a los que, en caso de ser considerados probables responsables, se les deberá oír en defensa”.
Aunque de comprobarse una concentración ilícita, el Pleno de la Cofece puede imponer diversas sanciones como demandar la corrección o supresión de la práctica ilegal, ordenar la desconcentración parcial o total, decretar la terminación del control o la supresión de los actos y multar hasta con 8 por ciento de los ingresos de la empresa.
“Los directivos que hayan participado directa o indirectamente en concentraciones ilícitas podrían ser inhabilitados hasta por cinco años y multados hasta con 200 mil Unidades de Medida y Actualización (unos 16 millones de pesos), entre otras sanciones”, puntualizó.
La autoridad investigadora señaló que, de conformidad con Ley Federal de Competencia Económica, “el o los agentes económicos investigados pueden acogerse, por una sola ocasión, al beneficio de dispensa o reducción del importe de las multas, siempre y cuando acrediten su voluntad para suspender, suprimir o corregir la práctica o concentración”.
Fuente / Aristegui Noticias
