CIUDAD DE MÉXICO.- Así lo dio a conocer Alfredo Higuera Bernal, Fiscal Especial para el Caso Iguala de la PGR, en el marco del 167 período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se celebra en Bogotá, Colombia.
Según un comunicado de la PGR, dicha información confirmaría la colusión de las policías municipales con la organización criminal Guerreros Unidos.
Según el informe oficial, en la sesión de la CIDH, la representación del Gobierno Federal reiteró frente a los familiares de las víctimas y sus representantes, su determinación de arribar a conclusiones en las investigaciones este mismo año.
“En ese marco, el Fiscal Especial para el Caso Iguala de la PGR compartió distintas actualizaciones sobre la atención al cronograma acordado con las partes, y avances relevantes”, señaló la PGR.
“Destacó que en las últimas semanas se ha allegado información importante para la identificación del móvil de los hechos, que además daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal, y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva importante”.
La dependencia federal agregó que la delegación mexicana actualizó a la CIDH sobre el seguimiento a alegaciones de la presunta comisión de actos de tortura en contra de algunos de los detenidos por el Caso Iguala.
“Al respecto, se destacó que, de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, no obstante que se continuarán realizando las diligencias que correspondan”, estableció.
Además, se subrayó que en esos casos existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales.
Ante el organismo internacional también se llevó a cabo una audiencia sobre la Ley de Seguridad Interior, donde el gobierno expresó que la norma busca establecer reglas claras para las fuerzas armadas y atender las amenazas a la seguridad interior, cuando rebasen las capacidades de las autoridades civiles.
La delegación mexicana fue encabezada por el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez, y la Subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra.
