Amnistía Internacional (AI) alertó que algunas de las aplicaciones desarrolladas para rastrear cadenas de infección de coronavirus COVID-19 conllevan “graves violaciones de los derechos humanos”, y destacó que las de Bárein, Kuwait y Noruega son las más “invasivas”.
El Laboratorio de Seguridad de la ONG, con sede en Berlín, estudió 11 aplicaciones desarrolladas por estados de Oriente Medio, el norte de África y Europa y llegó a la conclusión de que infringen el derecho a la esfera privada, a la protección de datos y a la seguridad.
“En el caso de muchos países vemos lo importante que es que en la programación y uso de apps de rastreo se respeten fundamentos importantes, ya que si no abren la puerta al abuso por parte de las autoridades, pero también de hackers,” declaró Markus N. Beeko, secretario general de AI en Alemania.
De acuerdo con un comunicado de la organización, el Laboratorio de Seguridad ha realizado un análisis técnico de las aplicaciones desarrolladas por 11 países: Argelia, Bárein, Francia, Islandia, Israel, Catar, Kuwait, Líbano, Noruega, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.
Entre las apps con un mayor “potencial para la vigilancia de masas“, AI destaca “BeAware Bahrein” (Bárein), “Shlonik” (Kuwait) y “Smittestopp” (Noruega), y elogia que este último país decidiera retirarla este lunes en respuesta a las críticas.
Según detalla Amnistía, las apps de estos tres países se basan “en un principio de centralización agresiva” ya que almacenan los datos de localización por GPS de los usuarios en un banco de datos central, con lo que incluso se vuelve posible seguir los movimientos de los usuarios en tiempo real.
Además, dichos usuarios son fácilmente identificables, en Bárein y Kuwait a través de sus números nacionales de identificación, mientras que en Noruega por medio de su número de teléfono, un aspecto que la ONG insta a subsanar.
Por último, Amnistía destaca que solo ha estudiado las apps de ciertas regiones, pero que todo indica que también las de otros países, como China, Etiopía y Guatemala, suponen un peligro significativo para los derechos humanos.
Con información de EFE.
