Luego de la detención el martes pasado por la noche de Carlos Acosta Gutiérrez, ex director de la empresa VIP Saesa S.A de C.V, Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, reconoció que se esperan entre ocho y 12 órdenes de aprehensión más en contra de ex funcionario públicos de la administración de Roberto Borge Angulo.
El legislador afirmó que van a pugnar con todo lo que esté a su alcance y que el haber generado las comparecencias de los ex funcionarios que hoy saben que están bajo investigación fue un logro importante.
“Esperamos nuevas órdenes de aprehensión, ya que finalmente se han acreditado las irregularidades que todos sabían y fue un paso importante que una legislatura retome las auditorias del 2015 que fueron aprobadas al vapor y que no fueron hechas correctamente al 100 por ciento”, precisó.
RESULTADOS
Martínez Arcila dijo que parte de los elementos acusatorios que tiene la fiscalía en contra de los ex servidores públicos es derivado de las auditorias que hicieron en el Congreso.
“Por lo menos de las investigaciones derivadas de las auditorias, puede haber entre ocho y 12 ex servidores públicos que pueden enfrentar la misma suerte que el ex director de VIP Saesa”, comentó.
El congresista confió en que el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, será juzgado y extraditado en México, pero que por el momento el procedimiento sigue y que es cuestión esperar que se cumpla el término, que es casi un año, para traerlo al país.
“Podría darse inclusive una extradición más inmediata si él decida aceptar el procedimiento de extradición, pero eso depende de él, ya que los términos jurídicos marcan mínimo un año”, precisó.
Traslado con cargo al erario público
Noticieros Televisa asegura que César Celso González Hermosillo y Édgar Méndez Montoya, empresarios denunciados por el actual gobierno que encabeza Carlos Joaquín González, como presuntos prestanombres del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, gozaron de los servicios de la aerolínea del gobierno estatal Vip Saesa, para su uso privado.
¿y el dinero?
El también presidente de la Comisión de Hacienda aseveró que al ex funcionario de Sefiplan se le cuestionará sobre el manejo del tres por ciento del Impuesto al Hospedaje que tenía que destinarse a los fideicomisos.
Ahondó que las investigaciones arrojan un faltante de 220 millones de pesos que no fueron entregados a esos organismos de promoción y no saben la razón por la cual no se entregó.
Dejó en claro que después de las comparecencias se valorará si requieren de alguna información adicional y la comisión instructora emitirá las conclusiones, para que el juez de distrito en donde se amparó Juan Pablo lo permita llevar al pleno del Congreso.
“Él (Guillermo Molina) se amparó, pero este documento no le concede que se detengan las investigaciones y mientras no se resuelva de fondo el requerimiento legal no se puede llevar la petición de juicio político al pleno”, dijo. (Renán Moguel/Quintana Roo Hoy)
