La Procuraduría General de la República (PGR) informó que la extradición de Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo se hará efectiva en un par de meses.
Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, precisó que la PGR irá a Panamá por el exmandatario para que sea juzgado en territorio nacional.
Al término de la inauguración del primer Simposio Nacional de Ciencias Forenses que se realiza en México, el funcionario federal indicó que la extradición está en proceso, conforme a los convenios que se tienen con Panamá en la materia. Una vez que se concrete, agregó, Borge Angulo enfrentará tanto a la justicia federal como a la del estado de Quintana Roo.
Los motivos legales de la detención en Panamá
Borge fue detenido, luego de que un juez federal con residencia en el Estado de México libró una orden de por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el 31 de mayo.
Además la PGR solicitó cuatro órdenes de aprehensión más contra ex colaboradores del ex gobernador, mismas que aún faltan por cumplimentar, las cuales derivaron de la presunta venta de 24 inmuebles a un precio inferior al que tienen, propiedades que pasaron a manos de personas cercanas a Borge y su familia.
El 8 de mayo, los españoles José Guillermo Martínez Cárdenas y Lorenzo Sánchez Hidalgo fueron detenidos durante un operativo de Interpol en Madrid, España, debido a que están implicados en un fraude millonario cometido durante la gestión del ex gobernador de Quintana Roo, por la compra de un inmueble que consta de 16 lotes.
De acuerdo con investigaciones federales, en abril de 2016, los inculpados en su carácter de representantes legales de la empresa Servicios Azco S.A. de C.V., enajenaron dos veces a la compañía Grupo Constructor de la Ribera S.A. de C.V., cada predio por un monto de 8 millones 847 mil 652.38 dólares, un precio inferior al pacto en la primera compra venta, a favor de la inmobiliaria JRB S.A. de C.V.
Luego de que ganó la elección como gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, aseguró que había seis denuncias contra Borge, cuatro presentadas ante la PGR y dos más ante la fiscalía del Estado. Todas las denuncias, dijo, fueron por fraude inmobiliario al vender ilegalmente bienes públicos a precios muy bajos a sus colaboradores o miembros de su familia.
Cuentas pendientes en Quintana Roo
Y es que, además de las imputaciones de carácter federal que corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar, como es el caso de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, entre otros, debe responder por las imputaciones que le hace la Fiscalía General del estado.
Cabe recordar que en su momento, Rafael del Pozo Delgal, Secretario de la Gestión Pública en la entidad confirmó que una vez que han concluido con la auditoria de 2015, presentaron, el pasado mes de junio, la primera denuncia penal por la asignación extraordinaria de mil 500 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural y presumen no fue destinada para este rubro.
Aunque también habría dicho que están por denunciar los recursos transferidos en 2016 por mil 800 millones de pesos, dado que desde el inicio de la actual gobierno estatal –en septiembre de 2016- advirtieron este presunto desvió de recursos que hicieron ex funcionarios de la administración anterior.
“Desde el inicio de la administración, advertimos el desvió de recursos que hizo el gobierno anterior entre el 2013 y 2016, período en que se realizaron transferencias de manera extraordinaria”, comentó.
En noviembre de 2016, Joaquín presentó una denuncia contra Borge por la enajenación ilegal de 9 mil 500 hectáreas en todo el estado, que representan más de seis veces la superficie de la zona hotelera de Cancún.
La denuncia incluye la venta de sólo 850 hectáreas del universo total y fue presentada porque las enajenaciones se hicieron a precios muy por debajo del valor real y a personas ligadas al ex gobernador.
La enajenación de terrenos propiedad del estado se dieron en un 7 por ciento del municipio de Bacalar; un 10 por ciento de Felipe Carrillo Puerto; 20 por ciento, Tulum; Cozumel, 23 por ciento; Benito Juárez, 36 por ciento; Solidaridad, 52 por ciento y 60 por ciento, Puerto Morelos.
A ello se agregan daños por 34 millones 112 mil 600 pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, y diez millones 948 mil pesos del Fondo de Aportaciones para Fortalecimiento de Entidades Federativas, que no fueron acreditados. (De la Redacción/Agencias/QUINTANA ROO HOY)
