En el marco de la aprehensión del ex titular de la paraestatal Vip Saesa, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, el diputado Emiliano Ramos Hernández aceptó una entrevista con Grupo Cantón para puntualizar los aspectos relevantes de los procedimientos iniciados en el mes de septiembre con la comparecencia de Acosta Gutiérrez y que permitieron su ulterior aprehensión.
Lo primero que determinó el legislador, fue la necesidad de hacer justicia: “Se está haciendo justicia, ojalá que la detención de Acosta logre que él colabore con las autoridades para poder aportar los elementos que permitan detener a los verdaderos responsables, o a los responsables principales que son Roberto Borge y Juan Pablo Guillermo”, expuso.
La detención ya era esperada
“Efectivamente era algo que se esperaba de un momento a otro, como se recordará, durante las comparecencias que se efectuaron ante la Comisión de Hacienda con motivo del último informe de gobierno de Roberto Borge, pudimos detectar muchas anomalías con la subcontratación de aeronaves por 320 millones de pesos (MDP), más 40 millones de dólares (MDD), que con esta información en su momento, la Comisión de Hacienda rindió un informe ante el pleno del Congreso, pero que en ese momento, por no haber condiciones de confianza en el entonces auditor, Javier Zetina, decidimos entregar todas las cajas con expedientes y toda la información recabada.
Los archivos audiovisuales de las comparecencias, decidimos entregárselos a la Gestión Pública, al secretario Rafael del Pozo, de ahí mismo se derivaron las denuncias pertinentes que llevaron finalmente a esta detención.
Lo que sigue es, por supuesto, que Acosta pueda también señalar a los cómplices, porque aquí al final, lo que necesitamos saber es; qué servicios se contrataron, quiénes viajaban en las aeronaves y cuál es el posible daño patrimonial en función de que no se justificaran estos viajes excesivos que se realizaban”, destacó.
Ante la pregunta del alcance de responsabilidades, el diputado puntualizó: “Aquí habría de manera directa, tres o cuatro personas a mi juicio involucradas; todo dependerá de la Fiscalía, pero recordemos que la Junta de Gobierno de Vip Saesa, era presidida por el gobernador en turno, en este caso por Roberto Borge, la Secretaría Ejecutiva de esta comisión de gobierno la presidía quien era titular de Sefiplan, en este caso estamos hablando de Juan Pablo Guillermo; el director general que es Acosta, y hay otro que es el administrativo que no recuerdo su nombre, pero que son los primeros cuatro involucrados, porque no es culpable quien viaja en los aviones sino quien toma la determinación de subcontratar aviones que se paguen con recursos del erario público y que no se sabe la utilidad, o qué vinculación tiene con las tareas administrativas; entonces si un funcionario viaja a la Ciudad de México para una Comisión de Trabajo, se entiende que pudiera contratar un avión, pero el no tener claridad en cuál era la función o el beneficio para el Estado de la sub contratación de aviones, más no tener los expedientes u oficios de comisión, además, en algunos casos que nosotros detectamos, precios por encima de los vigentes en el mercado, pues todo eso, lo que hace es generar sospechas de que pudieran ser posibles conductas establecidas en el Código Penal.
En la administración pública cualquier factura de un proveedor, cualquier contrato o sub contratación de un servicio, viene acompañado por documentos que explican por qué se hace, para cuáles beneficios, si son para obras públicas o para un servicio que se preste, entonces, en este caso, nosotros detectamos muchas irregularidades en Vip Saesa, pero bueno, tendrá que ser en su momento la autoridad, la Fiscalía quien tenga que determinar cuáles son las conductas que ellos están percibiendo, a nosotros nos tocó en su momento, como Congreso de Quintana Roo, como Comisión de Hacienda, destapar esta cloaca, hacer nuestra propia investigación supletoria ante la falta de confianza que había en el entonces auditor y entregar la información a la Gestión Pública; ésta hizo a su vez su propia investigación, y fueron quienes finalmente presentaron, a nombre del Ejecutivo del estado, la denuncia penal.
Ante la pregunta sobre cuál sería el ámbito en el que pudieran caer estas responsabilidades, el diputado determinó que podrían tratarse de ambos; “eso lo tendrá que determinar la autoridad, a mí me parece que pudiera darse en ambos, tanto del fuero común, como del fuero federal, pero esa información no quisiera especular porque no sería responsable de mi parte; en su momento la autoridad tendrá que dar una conferencia de prensa y explicar este tipo de detalles que les corresponden a ellos, a nosotros nos correspondió en su momento hacer público este tema, hacer nuestra investigación, y entregar la información que habíamos recabado, analizado y entregado a la Gestión Pública.
Es ahora a la Fiscalía y a la PGR a quienes les tocará informar de la posible comisión de delitos”, explicó.
LA EMPRESA AÚN FUNCIONA
“Vipsa es una empresa que sigue funcionando, no sé quién sea ahora el nuevo titular, pero es una empresa que sigue funcionando; el problema no es la empresa Vip Saesa, el problema es la subcontratación de aeronaves privadas; cuando esta empresa se crea en la administración de Mario Villanueva, tiene una buena finalidad que es que el estado pueda tener aeronaves propias para los viajes gubernamentales; el problema es que al paso de los años, no les dan mantenimiento a los aviones.
Existe por ahí un avión que se compró y que nunca se entregó al Gobierno del estado y luego se comprobó que quienes lo vendieron no eran propietarios de la aeronave, entonces viene una especie de abandono de la empresa Vip Saesa y se dedican a la subcontratación de aeronaves, lo cual no tendría ningún inconveniente si estuviera bien documentado el uso de que se les dan a las aeronaves, o sea no es problema que la empresa exista, la empresa no genera gastos lo que pasa es que ellos de manera irresponsable, usaron la empresa para contratar, a precios muy elevados las aeronaves; yo creo que aquí lo que el Ejecutivo tendría que valorar, es la inversión en aeronaves propias que pudieran, ahora bajo el esquema de APP (Asociaciones Público Privadas), funcionar bien,” concluyó. (Carlos Calzado C./QUINTANA ROO HOY)
