CIUDAD DE MÉXICO.- Un peligro acecha la democracia: el dinero suministrado a políticos que, al llegar al poder, otorgan beneficios y privilegios a sus mecenas. En los grandes escándalos internacionales -como Odebrecht o Panama Papers- y en los asuntos locales -como el Grupo Higa y las casas de Las Lomas y Malinalco, o las empresas hidalguenses beneficiadas por funcionarios cercanos a Miguel Ángel Osorio Chong-, domina la complicidad entre políticos y empresarios para financiar campañas, obtener contratos de obra pública, o generar riquezas que acaban en paraísos fiscales.
De cara a las elecciones de 2018, el Instituto Nacional Electoral convocó a dos días de discusión sobre estos temas, en el seminario “Dinero y Política, Democracia vs. corrupción”, en el que especialistas internacionales, expertos mexicanos, y autoridades electorales y del sistema anticorrupción compartieron experiencias sobre cómo frenar el dinero ilícito en las campañas.
Personajes que participaron en el seminario: Iván Velásquez, Marcela Ríos y Jorge Malem, coinciden que se debe mantener el financiamiento público como prioritario en el sistema electoral mexicano, y fortalecer la fiscalización a entes privados que encuentran los resquicios para financiar la política.
Personajes que participaron en el seminario:
Iván Velásquez, Marcela Ríos y Jorge
Malem, coinciden que se debe mantener el
financiamiento público como prioritario en
el sistema electoral mexicano, y fortalecer la
fiscalización a entes privados que encuentran
los resquicios para financiar la política.
‘EL PROBLEMA SON LOS PRIVILEGIOS’
Para frenar el flujo de recursos ilícitos en las campañas electorales, el comisionado de la ONU contra la impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, propone prohibir que las empresas que financian a candidatos puedan obtener contratos de la administración pública entrante por adjudicación directa.
“La contratación directa a la que se recurre con tanta frecuencia sea prohibida respecto del financista y así, por lo menos, garantizar que sea mediante procesos transparentes de licitación que se le adjudique a un financista”, sugiere.
El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) advierte que en las campañas electorales pueden infiltrarse recursos ilícitos del crimen organizado y otros sectores.
El abogado colombiano, Jimmy Morales, advierte que las aportaciones privadas a los procesos electorales no son malas por sí mismas, pero cuando estos recursos no están debidamente regulados y fiscalizados, se convierten en mecanismos que utilizan unos cuantos para asegurarse beneficios.
“Un financista no tiene por qué recibir beneficios de aquel que financió porque, además, desequilibra la igualdad de los ciudadanos, de las empresas que, se supone, compiten con transparencia en los procesos de contratación administrativa”, señala.
“En Guatemala, en los allanamientos y en la documentación obtenida de reportes que encontramos en muchas personas allanadas, y luego siguiendo la línea de la corrupción, encontramos empresas de cartón, de papel, que aparecían con pagos recibidos por actividades que no desempeñaban”, dijo.
Velásquez expone que para frenar el flujo de recursos ilícitos en las campañas, es necesario fortalecer los sistemas de fiscalización y aplicar sanciones severas en contra de partidos políticos y candidatos. Considera que una de las lecciones que México puede tomar de Guatemala es que la lucha contra la corrupción es posible.
“No se ha eliminado la corrupción, probablemente no se haya rebajado sensiblemente, probablemente no se ha disminuido ni un poco la impunidad, pero sí se ha demostrado que es posible. ¿Eso qué implicaciones tiene? Cuando se demuestra que es posible uno dice: ‘bueno, ¿y por qué no se hace más extensamente?”, sostiene
‘LAS EMPRESAS SON PARTE DEL PROBLEMA’
En materia de financiamiento ilícito de campañas, las empresas son parte del problema y no de la solución, asegura Jorge Malem, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra.
El abogado argentino señala que, para combatir el flujo de dinero sucio en la política, es fundamental establecer un sistema de control férreo que abarque a los partidos políticos, pero también al sector privado.
Malem explica que las campañas políticas son del interés del sector privado, de la delincuencia organizada y de los poderes fácticos, porque a través del triunfo de ciertos candidatos, esos actores buscan acceder o perpetuar su poder.
“¿Por qué buscan tener poder político? Para garantizar, primero, impunidad, y segundo, para seguir aumentando su poder económico”, asegura.
El financiamiento privado lo que hace es sesgar la toma de decisiones de los partidos, y financia a los partidos a cambio de que, una vez llegados al poder, se lo devuelvan o retornen lo invertido con muchas ganancias, sobre todo a través de obra pública, aunque no exclusivamente”, detalla.
Considera que abrir demasiado el financiamiento privado es peligroso, se corre el riesgo de que el mercado sea el factor determinante de las decisiones políticas.
“El modelo predominante en casi todos nuestros países es el mixto. El mixto soluciona algunos problemas de cada uno de los otros dos, pero también tiene los problemas agravados de estos dos. Yo prefiero financiación pública-financiación privada, porque si abrimos mucho la mano a la financiación privada, dejamos a las fuerzas del mercado la determinación de la política, y eso es inaceptable desde el punto de vista democrático”, puntualiza.
Asegura que México cuenta con un diseño institucional adelantado; pero éste no se cumple. Para el catedrático, uno de los grandes pendientes de los sistemas de fiscalización, incluido el mexicano, es la coordinación. “Es necesario que las instituciones fiscalizadoras tengan capacidad de cruzar información con otras instituciones, no siempre ocurre eso; que tengan la capacidad para poder investigar al sector privado, no siempre ocurre eso, y que estén dotados económicamente, no siempre ocurre eso”, indica.
Señala que los ciudadanos tienen un papel fundamental en los esfuerzos para evitar que las campañas electorales se conviertan en una fuente de corrupción. En su opinión, los ciudadanos no pueden quejarse de la corrupción y seguir votando por partidos y candidatos que incurren este tipo de prácticas.
‘SE VULNERA EL INICIO DE IGUALDAD’
Marcela Ríos habla del grupo que impulsó el paquete de reformas importante en materia de conflicto de interés, tráfico de influencias y corrupción en Chile. Advierte que el financiamiento ilícito en la política tiene tres consecuencias fundamentales: genera inequidad, corrompe la integridad de los funcionarios públicos, y coloca arriba del bien común intereses de unos cuantos.
Ríos indica que la introducción de dinero ilícito impide que los ciudadanos participen en los procesos de toma de decisiones, en condiciones de igualdad.
El Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y Corrupción de Chile -Engel-, elaboró el paquete legislativo impulsado por Michelle Bachelet en su reciente mandato presidencial que está por concluir.
La politóloga sostiene que el financiamiento ilegal también tiene un efecto nocivo en el funcionamiento del Estado, toda vez que quienes aportan recursos a la política, lo hacen por beneficios.
“El sistema democrático y la política tienen que cumplir el rol de velar por el bien común, por los intereses colectivos, y cuando el dinero entra en la política, se desvirtúa el interés colectivo por los intereses privados, entonces, al final, se termina legislando o tomando decisiones, no por el bien común sino por los intereses corporativos”, indica. Considera que transparentar el patrimonio de los funcionarios públicos y de sus familiares son medidas fundamentales para prevenir la corrupción que genera la introducción de dinero privado en las democracias.
Señala que México ha logrado avanzar en la fiscalización del dinero lícito en procesos electorales.
Advierte que fortalecer los sistemas de fiscalización es un reto constante, pues el financiamiento ilícito siempre está buscando resquicios para infiltrarse. La Comisión Engel fue creada en 2015 por Michelle Bachelet, luego del escándalo por el caso Caval: un millonario préstamo que dio el Banco de Chile a su nuera.
El grupo tuvo como objetivo generar propuestas en el plano administrativo, legal y ético, para regular la relación entre los sectores público y privado. El trabajo del organismo derivó en diversas reformas en temas como el financiamiento a partidos políticos, tráfico de influencias y conflictos de interés.
Este paquete de reformas es considerado el más importante aprobado en Chile en materia de combate a la corrupción.
(STAFF/TABASCO HOY)
