CANCÚN.- Organizaciones indígenas y civiles solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para evitar daños irreparables al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, elemento indispensable de los territorios del pueblo maya y principal fuente de abasto de agua de la población y de las comunidades maya.
Las organizaciones que promovieron la solicitud de medidas cautelares son la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, las cuales argumentan que la aplicación de medidas cautelares permitiría proteger el acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, también llamado sistema de cenotes, del cual depende el derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas de la península.
Aseguran además que la construcción del megaproyecto Tren Maya amenaza con recrudecer la ya vulnerable situación ambiental del sistema de cenotes, puesto que en el pasado el Estado mexicano ha permitido, tolerado y participado en su deterioro “siendo un promovente importante del desarrollo de megaproyectos turísticos, inmobiliarios y agroindustriales que utilizan y contaminan sus aguas”.
Acusan a las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno de ser omisas en asegurar una infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de los residuos sólidos. Además de haber otorgado concesiones para carga y descarga de agua que son operadas sin control, ni medidas de prevención ni mitigación, poniendo en peligro el patrimonio histórico, identitario y cultural de los pueblos mayas, así como su salud y sus vidas.
“Estos daños a los derechos del pueblo maya se agravarían con el desarrollo del Tren Maya, el cual aumentaría considerablemente el proceso de deterioro de los territorios indígenas y del sistema de cenotes, ya que incluye la construcción de nuevas ciudades, nuevas zonas hoteleras, parques agroindustriales y distintas estaciones; y que proyecta un aumento del arribo de 3 a 4 millones de turistas a la región por año”, refieren.
Señala por último que el gobierno mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de su obligación internacional de realizar los estudios de impacto ambiental y social de manera previa, transparente y pública; “aún así, tal y como ha reconocido el Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el pasado 30 de abril se dio inicio a la construcción del megaproyecto”.
Apenas el pasado 14 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a favor de los pueblos originarios de la península de Yucatán, dirigidas a Fonatur, para que de manera urgente suspenda las actividades no esenciales relativas al proyecto denominado “Tren Maya”.
Las organizaciones que promovieron el recurso ante la CNDH son Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Red de Productores de Servicios Ambientales “Ya`Ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab” y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinb.
