La testigo que presentaron las supuestas víctimas de amenazas del empresario mexicano, Francisco Javier Rodríguez Borgio ante las cortes españolas, se retracta y declara contra los ciudadanos españoles Lorenzo Sánchez Hidalgo y Guillermo Martínez Cárdenas
El móvil del conflicto data del 2015, cuando los españoles le ofrecieron a Rodríguez Borgio, la venta de un predio de nombre Petempich en la Riviera Maya del estado de Quintana Roo. La extensión del terreno era de 250 hectáreas, con 700 metros lineales en la playa de la zona.
Redacción/PDC
CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la comparecencia del empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio, ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid, España, por supuestas amenazas de muerte contra tres ciudadanos españoles, el caso está por caerse ya que la testigo que habían contratado dos empresarios españoles se retractó de lo dicho aduciendo amenazas de “gente de poder” de la península ibérica.
La testigo, detenida por la justicia estadounidense en 2017 y ahora en libertad, Marcela Silerio Domínguez dijo ante la justicia española que los mismos sujetos de nacionalidad ibérica, los empresarios Lorenzo Sánchez Hidalgo y Guillermo Martínez Cárdenas a través de terceros le solicitaron que realizara una serie de mentiras y calumnias en contra de Rodríguez Borgio a cambio de un pago en dinero, mismo que nunca recibió.
Además declaró no conocerlos ni mucho menos haber hecho un trato con ellos.
El modus operandi de un grupo de funcionarios a las órdenes del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo que realizaron innumerables despojos y fraudes con bienes inmuebles y terrenos, afectó lo mismo a inversionistas, a empresarios y a ciudadanos mexicanos y extranjeros.
Una prueba más de esa “maraña de corrupción es el caso del predio “Petenpich”, donde los españoles Lorenzo Sánchez Hidalgo y Guillermo Martínez Cárdenas actuaron de mala fe y con engaños, sorprendieron a Rodríguez Borgio, ofreciendo en 2015 la venta del terreno, a través de la empresa “Prestadora de Servicios Azco, misma que se realizó en el madrileño hotel Villa Magna.
Detenidos en España
En mayo de 2017, los españoles José Guillermo Martínez Cárdenas y Lorenzo Sánchez Hidalgo fueron detenidos durante un operativo de Interpol en Madrid, España, debido a que están implicados en un fraude millonario cometido durante la gestión del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, periodo en el que compraron un inmueble que consta de 16 lotes.
De acuerdo con investigaciones federales, en abril de 2016 los inculpados, en su carácter de representantes legales de la empresa Servicios Azco S.A. de C.V., enajeron por segunda ocasión a la compañía Grupo Constructor de la Ribera S.A. de C.V., cada predio por un monto de 8 millones 847 mil 652.38 dólares, un precio inferior al pacto en la primera compra venta, a favor de la inmobiliaria JRB S.A. de C.V.
Se presume que los sospechosos obtuvieron un lucro indebido al vender dos veces un bien inmueble que consta de 16 lotes; en la primera venta, en agosto de 2015, se pactó en 25 millones dólares.
En esa fecha, la Oficina Central Nacional de Interpol España y la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia de Investigación Criminal y la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, lograron la detención de los ciudadanos españoles, quienes contaban con fichas rojas emitidas por Interpol, por el delito de fraude específico en el grado de tentativa. A través del intercambio de información entre la Agencia de Investigación Criminal y autoridades españolas se logró identificar la ubicación de estas personas en el Café Oriente, ubicado en Plaza Oriente 2, de Madrid.
En una carta entregada a la autoridad española, Rodríguez Borgio apuntó:
“Guillermo Martínez Cárdenas sorprendió al suscrito con la compraventa del mismo, toda vez que respecto de la empresa vendedora Prestadora de Servicios AZCO S.A. de C.V., dicho sujeto al momento de la operación tenía conflictos con los demás socios de la misma empresa respecto de ser titular accionario de la misma y ostentar alguna representación, motivo por el cual tanto Lorenzo Sánchez Hidalgo como Guillermo Martínez Cárdenas fueron denunciados en España por sus socios por haber recibido el dinero del anticipo de la operación, quienes declararon haberlo recibido como préstamo, apareciendo en el registro público de comercio como administrador único el señor Irving Mondragón, quien con dicho cargo y los poderes y facultades inherentes estaba en desacuerdo con la venta realizada por Lorenzo y Guillermo ambos de apellidos ya conocidos”, dijo en su misiva el empresario. Además, Rodríguez Borgio, concesionario de varios casinos en México, relata que dentro del litigio siguiente con estos sujetos, aparecieron los acreedores hipotecarios respecto de los cuales no tenía conocimiento al momento de celebrar la compraventa, entre los que se encontraba Antonio Patrón Laviada, como acreedor. “Ignorando que actividades personales realizara”.
Rodríguez Borgio declara en la misiva a la autoridad española que: “Cabe mencionar que el suscrito, Francisco Javier Rodríguez Borgio, compareció igualmente ante la justicia española, rindiendo la declaración correspondiente, obteniendo que la juez española considerara que los señores Lorenzo Sánchez Hidalgo y Guillermo Martínez Cárdenas manipularon con engaños al sistema judicial español, con una fantasía digna de una película o serie de televisión. Por lo que de la declaración de Marcela Silerio se desprende igualmente que los supuestos mensajes de whatsapp, a que se refiere la publicación combatida, no fueron enviados por el suscrito y constituyen un argumento dentro de las mentiras y fantasías creadas en mi contra por Lorenzo Sánchez Hidalgo y Guillermo Martínez Cárdenas”.
Cabe resaltar, indicó el empresario Rodríguez Borgio, que para aclarar lo sucedido a una comisión rogatoria internacional solicitada por el juzgado madrileño, autoridades de Estados Unidos aportaron una declaración jurada de Ana Marcela Silerio realizada en Miami, el 9 de marzo de 2017. En la sesión, la testigo supuestamente relató cómo se involucró para asesinar a los españoles por órdenes de Rodríguez Borgio, derivado de los desacuerdos por el predio en la Riviera Maya.
En su misiva el empresario mexicano asegura que es importante hacer notar que se trata de hechos supuestamente cometidos en el año de 2016, causando extrañeza que se publiquen hasta 2021, en plena época político electoral y se quiera relacionar con el Partido Acción Nacional de acuerdo con un artículo publicado en el Semanario Proceso, aclarado que no existe ninguna historia que involucre al suscrito cargada de abusos, despojos y amenazas. “Ni que involucre a las personas Oceanografía, Caja Libertad, toda vez que la entonces PGR mediante acuerdo de fecha 19 de junio de 2014 determinó que el dinero en las cuentas bancarias de las empresas del suscrito no era objeto del delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita, ordenando a las instituciones bancarias levantar el aseguramiento respectivo dentro de la Averiguación Previa UEIORFAM/AP/065/2014”.
También acusa que durante el proceso de negociación mercantil “hubo una serie de desacuerdos, estafa y espionaje, así como amenazas, sobornos a un funcionario del gobierno estatal, encabezado en esas fechas por el priista Roberto Borge (2011-2016)”.
Ese funcionario al que señalan es el entonces director del Registro Público de la Propiedad de Cancún, Carlos Lima Carvajal, al que se señala en otras denuncias penales en casos de despojos de bienes inmuebles de alta plusvalía en varias ciudades de Quintana Roo.
Tras las denuncias que se han interpuesto en contra de funcionarios de la anterior administración, entre ellos, Lima Carvajal, la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Gestión Pública y la Fiscalía General del Estado, solicitaron copias de escrituras de diversos actos realizados y poder avanzar con sus investigaciones.
Rodríguez Borgio asegura que nunca se concretó la operación ya que la empresa de Guillermo Martínez Cárdenas terminó vendiendo el terreno a otra empresa con nombre Inversiones Mar TIRRENO y simultáneamente vendió por segunda ocasión el mismo inmueble a Grupo Constructor de la Ribera S.A de C.V. propiedad de Virgilio Rincón Salas y representada por Joaquín Ramos Ramos. “Estas operaciones pueden verificarse en el Registro de la Propiedad de la ciudad de Cancún Quintana Roo”.
Y reiteró que no conoce al señor Ignacio Coronel Villareal ni a ningún otro narcotraficante.
