Centro, Tabasco
El Tren Maya no implica desplazamiento, explotación y mucho menos la colonización de los pueblos y las comunidades indígenas durante su construcción, por el contrario, su trayecto respetará su integridad cultural y territorial, afirmó Adelfo Regino Montes.
El próximo titular del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas señaló a Notimex que “el nuevo Gobierno de la República de ninguna manera decidirá cuáles son las prioridades de desarrollo de los pueblos a partir de sus potencialidades, sino que ellos definirán sus prioridades”.
En entrevista, recordó que una cosa es la consulta ciudadana programada para los días 24 y 25 de noviembre, que tendrá un costo de un millón 800 mil pesos, en la que se preguntará a la población si está de acuerdo o no con 10 programas prioritarios de la próxima administración federal, entre ellos el Tren Maya.
Otra consulta será para conocer la voz de cada comunidad en alguno de los cinco estados por donde se edificará el proyecto: Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, a lo largo de sus mil 500 metros de construcción, lo que permitirá detonar el desarrollo económico, social y cultural del sureste mexicano.
“Hay que distinguir lo que es una consulta ciudadana y una consulta indígena. En la primera se pide la opinión de la ciudadanía en ejercicio de un derecho individual. En el caso de la segunda, es un derecho colectivo que tienen los pueblos y las comunidades indígenas, y que ejercen como tales a través de sus autoridades e instituciones representativas, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, expresó.
El también exsecretario técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos de Oaxaca, resaltó que los pormenores de la consulta indígena “es un tema que en su momento anunciará, se hará público y de conformidad con las definiciones, las decisiones de los propios pueblos indígenas asentados en la península de Yucatán”.
Sin embargo, lamentó que México carezca de una ley que reglamente el derecho a la consulta de los pueblos y las comunidades indígenas, por lo que “para tal efecto, seguramente construiremos un protocolo específico que establezca los principios, procedimientos y mecanismos para realizar el proceso de consulta relacionada con el proyecto de referencia”.
Cuestionado respecto si hay tiempo para construir el referido protocolo, el exsecretario de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca precisó que “ese es un tema que se platicará con cada comunidad, dado que no se trata de una consulta genérica, deberá especificarse con cada comunidad y cada pueblo indígena en particular, de acuerdo a sus usos y costumbres”.
Quien fuera asesor de distintas asociaciones y grupos indigenas, destacó que tendrá que establecerse el diálogo con las autoridades específicas de cada comunidad y cada pueblo.
A pesar de la votación, el tren ya tiene como fecha de inicio de construcción el 16 de diciembre, y entre otras ciudades turísticas que unirá están Cancún, Quintana Roo; Calakmul, Campeche; Palenque, Chiapas, y Chichén Itzá, Yucatán. Para la consulta se instarán mil 102 casillas, enfocándose en la región suroeste del país y contendrá 10 preguntas en las que se deberá elegir entre un “sí” o un “no”.
A la pregunta sobre qué es lo que no se debe trastocar en el ámbito de una comunidad, según los usos y costumbres que las rigen, observó que las consultas indígenas están reconocidas de manera genérica en el Artículo Sexto del Convenio 169 de la OIT.
En él se establece que tratándose de medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar los derechos de los pueblos indígenas, deberá haber un proceso de consulta que debe ser de buena fe. Además, se tendrá que definir con ellos los procedimientos específicos para realizarlo.
“El nuevo gobierno de la República tiene el deber de establecer el diálogo, hay un proceso que se llama de acuerdos previos, en el que se definirán mecanismos, procedimientos, características de cada uno, en los que lo fundamental es que se escuche la voz de la ciudadanía”, aseveró.
A pregunta expresa, indicó que todo ello “deberá establecerse en un protocolo que seguramente se trabajará cuando haya tomado posesión Andrés Manuel López Obrador y, desde luego, este protocolo será la base para realizar el proceso de diálogo y consulta (a los pueblos y comunidades indígenas de la región”.
Descartó que ello signifique algún desplazamiento de sus tierras, por lo que no habrá afectación a los derechos de los pueblos indígenas, pues los pueblos ya no están para que se repitan las historias del pasado.
Regino Montes ejemplificó el grave proceso de desplazamiento que implicó en Oaxaca la construcción de las presas Cerro de Oro, en Miguel Alemán, donde las comunidades chinantecas y mazatecas fueron desplazadas.
El caso más reciente, poco mencionado en la opinión pública, dijo, es “lo que iba a implicar la construcción del aeropuerto en la cuenca del Lago de Texcoco. Las enormes afectaciones ambientales, sociales y culturales que ya han sido documentadas.
“De ninguna manera vamos a afectar los derechos de nuestros pueblos indígenas, en particular su integridad cultural, territorial como pueblos que están históricamente asentados, en ese caso en la península de Yucatán”, enfatizó.
Para el propuesto funcionario de los Pueblos Indígenas, la premisa de la administración entrante no puede prestarse a interpretaciones, por lo que el Proyecto del Tren Maya respetará los derechos de los pueblos indígenas.
Sobre el impacto ambiental, comentó que ese es tema que corresponde a otra dependencia, “yo no sé sobre el tema ambiental, pero sí tendrá que respetarse la integridad de la madre Tierra, la biodiversidad que hay en estos sitios”.
Expuso que tiene conocimiento de que la primera etapa del tren se hará sobre vías férreas existentes, por lo que “no se trata de ampliar el derecho de vía que ya está establecido en estos lugares”. Sin embargo, eso amerita una reflexión más específica con las y los expertos en la materia.
Interrogado sobre los beneficios que el Tren Maya aportaría a las comunidades, detalló que detrás de ello hay dos justos reclamos que deben observarse y cumplir: por un lado, la necesidad de que participen las comunidades y los pueblos a través de sus instituciones representativas y, dos, una distribución justa y equitativa de los beneficios.
“Yo no quisiera adelantarme. Yo lo que quiero decir es que esto dependerá del proceso de diálogo y consulta, porque una premisa que implementamos es que son los propios pueblos los que deben definir sus prioridades para el desarrollo. Nosotros no vamos a interferir, no vamos a decidir”, puntualizó.
