Redacción / GRUPO CANTÓN
PLAYA DEL CARMEN.– Acusadas de “fraude procesal” fueron vinculadas a proceso Rebeca y Cecilia María, hija y nieta de Francisco Rangel Castelazo, hoy socias de la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), fueron vinculadas a proceso por un juez, a informó hoy la Fiscalía General del Estado.
Las dos mujeres fueron capturadas el pasado 1 de mayo en Tijuana, cuando intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos, para intentar escapar de la justicia, luego que presuntamente se descubrieran anomalías en la administración de Derimaya, en 2021.
En ese momento, la autoridad señaló que se les detenía por administración fraudulenta, con un daño de 250 millones de pesos, cargo que al parecer fue cambiado por el de fraude procesal, el que pudiera desprenderse de los distintos amparos promovidos por ellas para evitar el cateo de sus oficinas y la disolución de la empresa.
Derimaya fue creada en el sexenio de Joaquín Hendricks, para administrar los terrenos de la colonia Colosio de Playa del Carmen y desde entonces le habían cobrado a los habitantes de esa zona por sus lotes, pese a que no contaban con certeza jurídica sobre los mismos.
Esa zona fue creada en 1994 por una invasión de terrenos nacionales, supuestamente cedidos al Gobierno del Estado. Sin embargo, al poco tiempo el empresario Rangel Castelazo aseguró que esas tierras le pertenecían, lo que derivó en un litigio.
A modo de “solución”, se creó Derimaya, con participación del Gobierno del Estado y de la familia Castelazo, para que habitantes del lugar pudieran comprar sus lotes, quedando además terrenos que esta empresa vendió libremente. No obstante, como estos terrenos estaban en litigio, solo algunos contaban con título.
Rangel Castelazo murió en 2017, lo que dejó a su viuda, Ofelia González Witt, y a su hija, la hoy detenida Rebeca, en control de Derimaya. Famosamente, él había desheredado a su hijo, por desacuerdos con su nuera, pero al parecer la hija de éste (nieta de Rangel) fue incluida en la sociedad.
CREACIÓN
De acuerdo al comunicado de la Fiscalía, en 2017, en el inicio del sexenio de Carlos Joaquín, el Gobierno del Estado, a través de la recién creada Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, creó una sociedad mercantil con Derimaya.
“Durante una asamblea ordinaria, celebrada el 24 de noviembre de 2021, entre las partes, detectaron diversas anomalías administrativas fiscales, mismas que no fueron solventadas”, lo que derivó en una denuncia penal en contra de las socias.
Esto ocurrió un mes antes de que el Gobierno Federal publicara un decreto para declarar terrenos nacionales a la colonia Colosio, el primer paso para la regularización de este lugar, lo que era un compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, si bien en el mismo se dejan intactos los intereses de terceros.
Derimaya se amparó en contra de este decreto, aunque en 2022, el Gobierno del Estado, partícipe de esta empresa, determinó su disolución. Esto no ocurrió, y las oficinas fueron cateadas en enero de este año. Las órdenes de aprehensión surgieron poco después.
De acuerdo a la Fiscalía, la administración fraudulenta de estas personas generó un faltante de 250 millones de pesos en la empresa con participación gubernamental, lo que abre cuestionamientos hacia los ingresos que generó la misma por más de 20 años y el destino de los mismos, toda vez que éstos jamás fueron transparentados ni incluidos en alguna Ley de Ingresos del Gobierno del Estado.
