El día de hoy 28 de septiembre del 2022 se interpuso la primera denuncia por LEY INGRID en el Estado de Quintana Roo por una integrante de la Red de Víctimas Quintanarroense . La “Ley Ingrid” es una reforma al Código Penal Estatal para sancionar cualquier persona o servidores públicos que difundan imágenes, audios, videos, documentos o información sobre la investigación penal, condiciones personales de una víctima o las circunstancias de un delito.
Al sancionar y evitar las filtraciones y la exposición masiva ante los medios y redes sociales se busca:
Preservar la dignidad de las víctimas y sus familiares.
Disminuir el daño que sufren las víctimas, al evitar que sean revictimizadas.
Erradicar la normalizacion de la violencia ejercida contra todas las personas, pero principalmente contra las mujeres, niñas o adolescentes.
Sancionar a los Servidores Públicos.
Un medio de comunicación a través de diversas redes sociales dio a conocer que una mujer qué se encuentra en calidad de desconocida fue encontrada tirada en la vía pública, sin vida, en la región 259, se trataría de un nuevo caso de feminicidio, ya investiga la Fiscalía General del Estado, en donde exhibió fotografías del cuerpo y rostro de la víctima al informar sin perspectiva de género.
La denuncia con número de Carpeta de Investigación FGE/QROO/OPB/09/5147/2022 se interpuso con base en el CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO en su ARTICULO 238.- Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que:
VII. A quien, por cualquier medio, por si o por interpósita persona, revele, publique, transmita, exponga, distribuya, comercialice o comparta imágenes o videos de las lesiones o estado de salud y cuerpo de la víctima, se le impondrá prisión de dos a ocho años y de quinientos a mil días multa, así como la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión público por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
Si se trata de imágenes o videos de las lesiones o estado de salud y cuerpo de la víctima, tratándose de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, adultos mayores, indígenas y personas afromexicanas, las penas previstas en esta fracción se incrementarán hasta en una mitad.
