Integrantes del “FRENTE NACIONAL MUJERES”, la UNION NACIONAL DE COLECTIVAS FEMINISTAS, FRENTE NACIONAL MUJERES QUINTANA ROO, COLECTIVO FEMENIL XTABAY QUINTANA ROO Y RED DE VICTIMAS QUINTANARROENSE, nos manifestaremos el día de la fecha al exterior del inmueble sede del Juzgado Primero de Distrito en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, considerada una sede de la Suprema Corte Justicia de la Nación en nuestro Estado, ya que los Ministros y Ministras que la integran son la máxima autoridad judicial de nuestro país, y es a Usted y a ellos y ellas a quienes una vez más le solicitamos ayuda y les hacemos un llamado de ¡AUXILIO! de conformidad con lo que a continuación exponemos:
El Ciudadano Doctor Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien desempeña el cargo de Ministro Presidente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha declarado en medios nacionales lo que se transcribe literalmente en lo conducente a continuación:
“””…¿Por qué los hombres matan mujeres todos los días? Porque pueden y porque no pasa nada, porque no hay consecuencias, porque los feminicidios no se investigan. ¿Por qué cuando se investigan se investigan mal y cómo se investigan mal? Por regla general las carpetas, en las fiscalías no se arman adecuadamente…”””
“””…Los feminicidas no nacen de un día para otro, son parte de una sociedad que ve, en muchas ocasiones, a las mujeres como secundarias, como desechables, como si no fueran seres humanos…”””
Consideramos que las declaraciones antes transcritas y otras más que constan en diversos medios y redes sociales, son SUMAMENTE GRAVES porque fueron vertidas por quien tiene el cargo de Ministro Presidente en funciones, cuya labor conjuntamente con los demás Ministros y Ministras en activo debería ser procurar justicia, vigilar el debido proceso, hacer que se respeten los Ordenamientos Jurídicos que nos rigen, los Tratados Internacionales, y las resoluciones emitidas por máxima autoridad judicial del país, ya que a los ciudadanos la maquinaria relacionada con la impartición de justicia nos cuesta muchísimo dinero, por lo tanto, lo menos que esperamos es que sirva de manera efectiva.
P E D I M O S
1) Que hagan un llamado a todos los Presidentes de los Tribunales de Justicia de las diferentes Entidades Federativas, en especifico al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, Maestro Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, a los impartidores de justicia y a los integrantes del Poder Judicial Federal y Locales, para que observen y apliquen de manera estricta el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y que tienen como finalidad la debida observancia de los Derechos Humanos y la protección de Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, así como las Sentencias y Jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2) Se lleven a cabo mesas de trabajo con la finalidad de plantear al Poder Legislativo las reformas necesarias o convenientes para que los abogados patronos, defensores públicos o asesores jurídicos que actúen de manera contraria a derecho, sean inhabilitados para el desempeño de su profesión, toda vez que la integridad física y psicoemocional y aún la vida de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, se pueden ver comprometidas derivado de la mala praxis, omisiones, dolo, corrupción, mala fe de dichos profesionistas.
3) La imposición de sanciones penales a todo Ministerio Público, Asesor Jurídico, Defensor Públicos, Juez, Magistrado, así como cualquier operador jurídico que por su negligencia, omisión dolo, mala fe y/o corrupción facilite, coadyuve o favorezca la comisión del delito de feminicidio en cualquier grado, en contra de la mujer que previamente haya denunciado violencia familiar, lesiones, amenazas o violencia de género.
4) Que manifiesten de manera clara, expresa, contundente e inequívoca, su posicionamiento en cuanto a que violencia vicaria es violencia de género, violencia machista y que a las mujeres víctimas les están sustrayendo, reteniendo y ocultando a sus hijos e hijas al amparo de la violencia institucional.
5) Que requieran a los operadores jurídicos que correspondan para que las víctimas directas e indirectas de la comisión de cualquier delito que implique violencia de género o violencia institucional, reciban la reparación integral del daño con perspectiva de género, incluyendo una indemnización económica justa y real, calculada con base a un peritaje matemático actuaria costeado por el Estado, que deberá contener, de manera enunciativa y no limitativa; la cuantificación por incapacidad temporal, por incapacidad permanente, lucro cesante, daño moral, intereses, indexación de cifras, entre otras.
6) Que instruyan a los operadores jurídicos para que en el ejercicio de sus atribuciones y siempre que exista la presunción de violencia de género, haciendo uso de los recursos con los que cuenta el Estado Mexicano, soliciten la elaboración de un peritaje antropológico.
7) Que se cree un Juzgado especializado para la emisión de las medidas de protección consignadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.
8) Que los operadores jurídicos lleven a cabo las acciones contundentes que sean necesarias o convenientes para proteger la integridad física y psicoemocional de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, entre las que de manera enunciativa y no limitativa quedarían incluidas: la emisión de oficio de las medidas de protección consignadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia tanto para las víctimas directas de cualquier tipo de violencia como para las víctimas indirectas; la suspensión inmediata del régimen de visitas y convivencias al padre generador de cualquier tipo de violencia; la emisión inmediata de la Alerta Amber o la alerta de búsqueda de personas desaparecidas que corresponda, en caso de que un niño, niña o adolescente sea sustraído por su padre, independientemente de en favor de quién esté decretada la guarda y custodia.
Nuestra lucha no es nueva, llevamos años de transitar por todas las instancias judiciales pidiendo justicia y lo que hemos recibido es indiferencia en el mejor de los casos, en el peor, hemos padecido burlas, arbitrariedades, comentarios machistas, corrupción. Basta con revisar nuestros diversos expedientes y carpetas de investigación para percatarse de todo lo anterior y de nuestro desgaste emocional, físico y económico.
