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noviembre 22, 2024

Estado

El ayuntamiento de Othón P. Blanco sin recursos para reubicar el basurero

La alcaldesa, Yensunni Martínez, dio a conocer la
comuna capitalina requiere de 60 millones de pesos para
poder llevarlo a cabo

PALOMA WONG

 

GRUPO CANTÓN

 

CHETUMAL.- El Ayuntamiento de Othón P. Blanco carece de recursos para atender el tema de reubicación del basurero de Chetumal, para lo cual requiere de al menos un total de 60 millones de pesos, aseveró Yensunni Martínez Hernández, presidenta municipal.

En el 2018 el Ayuntamiento de Othón P. Blanco recibió una notificación de multa superior a tres millones de pesos impuesta por la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), por manejo inadecuado de la basura en el tiradero a cielo abierto de esta ciudad, incluso, antes de esta notificación en reiteradas ocasiones diversas autoridades ha manifestado que las condiciones de dicho terreno ya no son las óptimas para su funcionamiento, incluso se había mencionado que esté ya había superado la capacidad. 

La presidenta municipal dijo que poco se puede hacer para la atención de este espacio, en razón a qué la comuna capitalina no cuenta en este momento con los recursos suficientes. 

Resaltó que una vez que la comuna capitalina cuente con el monto total de su presupuesto de 2022 se estarán retomando los trabajos en lo que respecta al manejo y disposición final de los residuos sólidos entre ellos el proyecto del basurero intermunicipal. 

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Además, preciso que continua con la lucha jurídica para revocar la concesión otorgada a Intrasiso S.A. de C.V.

 En lo que se refiera a la demanda de amparo interpuesta ante el juzgado sexto de distrito  por ciudadanos de la capital del estado  por daños a la salud pública y que de acuerdo al abogado Héctor Pérez Rivero, actual regidor de la presente administración,  se emplazaba  al ayuntamiento a clausurarlo en un plazo de 4 meses, ya fue retirada por estos. De lo que respecta en  las dos últimas administraciones municipales se actualizó dicha concesión y en una de ellas   es donde se realiza mal un procedimiento a lo que un juez dejó firme el contrato realizado entre la comuna y la empresa. 

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