En México, cada cuatro minutos se abre una carpeta de investigación por delitos que afectan a personas vulnerables.
En 2023 se registraron más de 2.1 millones de denuncias, pero solo el 1.9% concluyó con sentencia.
Ese vacío entre lo que se denuncia y lo que realmente se castiga explica por qué tantas víctimas sienten que acercarse a la justicia es una apuesta incierta y emocionalmente desgastante.
En este contexto, presente una propuesta de iniciativa para corregir una falla estructural del sistema penal.
Los artículos 58 y 164 del Código Penal permiten actualmente que delitos graves reciban castigos simbólicos, generando la impresión de que la ley es más benevolente con quien agrede que con quien ha sufrido el daño.
El problema es de origen: la norma vigente fue diseñada sin considerar el peso real de la intención criminal.
El Artículo 58 admite que la tentativa de un delito grave termine con penas mínimas, casi irrelevantes.
La iniciativa busca eliminar esa discrecionalidad, estableciendo que la pena mínima no pueda ser inferior al límite reducido del delito consumado. Dicho en términos simples: cuando alguien intenta dañar de manera grave, el sistema debe responder proporcionalmente, aunque el delito no se haya consumado.
La intención también pone en riesgo a la sociedad.
El Artículo 164 presenta otra grieta. Hoy, la reparación del daño puede reducir la pena incluso en conductas violentas.
La propuesta plantea restringir ese beneficio a delitos no violentos, a personas sin antecedentes y únicamente cuando exista reparación total.
Con ello, el perdón dejaría de ser un trámite procesal y se convertiría en una consecuencia moral, no en una salida fácil para quien causó daño.
¿Por qué importa esto? Porque el derecho no solo regula conductas; construye emociones colectivas.
Una familia no analiza tecnicismos: se pregunta por qué el agresor duerme en su casa. Una mujer violentada no revisa doctrina jurídica: exige garantías.
Un empresario necesita certezas, no vacíos legales que favorezcan la reincidencia.
Esta iniciativa no confronta instituciones; las fortalece.
Se alinea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Mara Lezama, quienes han insistido en consolidar un Estado donde la justicia sea cercana, comprensible y operante.
Cuando la ley recoge el sentido común, la ciudadanía la respeta. Cuando las víctimas se saben protegidas, confían. Y cuando la justicia deja de ser un laberinto, se convierte en un pilar de la vida pública.
El propósito no es castigar por castigar.
Es reconocer que la dignidad humana comienza por el trato que reciben quienes han sido dañados. Que la intención criminal no sea un atajo a la impunidad, sino el punto donde la justicia empieza.
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