En Quintana Roo hablar de medio ambiente no es una consigna: es una necesidad cotidiana. Selvas, arrecifes, playas y cuerpos de agua sostienen nuestra economía, nuestro empleo y nuestra vida comunitaria. Pero hay una verdad que durante años se evitó reconocer: no puede existir una política ambiental efectiva si primero no se garantizan condiciones de vida digna para quienes habitan y trabajan en el territorio. La justicia ambiental empieza por la justicia social.
Durante décadas, el salario mínimo en México —y particularmente en estados turísticos como Quintana Roo— condenó a millones de personas a la precariedad. En 2018, el ingreso mensual apenas superaba los 2,500 pesos. Con ese salario no se podía vivir: apenas se sobrevivía. En esas condiciones, exigir cuidado ambiental era pedirle a la gente que pensara en el largo plazo cuando ni siquiera tenía asegurado el presente.
Hoy el panorama es distinto. En 2026, el salario mínimo ronda los 9,500 pesos mensuales. Este cambio no es casual ni automático: es el resultado de una decisión política. Mientras que en más de 12 años los gobiernos del pasado solo aumentaron el salario mínimo 69.8%, los gobiernos de la Cuarta Transformación lo han incrementado más de 228%. No es un ajuste técnico: es una política de redistribución económica que dignifica el trabajo.
Este avance tiene un impacto directo en Quintana Roo. Aquí, miles de familias sostienen la industria turística: camaristas, meseras, cocineras, personal de limpieza, choferes y guías. Durante años, el turismo generó riqueza sin bienestar. Hoy, cuando el salario alcanza, las comunidades ganan estabilidad, derechos y capacidad de organización. Y eso cambia todo.
Porque la evidencia es clara: la precariedad laboral debilita la protección ambiental. Cuando el ingreso no alcanza, las decisiones se toman con urgencia y a corto plazo, muchas veces a costa del territorio. Por el contrario, cuando existen salarios dignos, seguridad social y derechos laborales, las personas pueden involucrarse en el cuidado de su comunidad, su entorno y sus recursos naturales.
Por eso, elevar el salario mínimo también es una política ambiental. No se puede pedir a nadie que cuide la selva, el mar o los arrecifes si no tiene garantizado lo más básico. La sustentabilidad no se impone desde arriba: se construye desde comunidades con dignidad.
En Quintana Roo lo entendemos con claridad: proteger el medio ambiente implica proteger primero a quienes viven de él. No hay justicia ambiental sin justicia social. Y no hay política ambiental más profunda que aquella que pone al ser humano —con derechos y bienestar— en el centro del desarrollo.
