Hay una imagen que nunca existió, una voz que jamás dijiste, un video que no protagonizaste… y aun así puede destruir tu vida en cuestión de horas.
En España, estudiantes utilizaron inteligencia artificial para crear imágenes falsas de compañeras menores de edad desnudas y distribuirlas en grupos escolares. No hubo contacto físico. No hubo un hecho real. Pero el daño fue absoluto: exposición pública, ansiedad, abandono escolar y un impacto emocional profundo que no desaparece cuando se elimina un archivo.
Ese es el nuevo rostro de la violencia.
Más del 90% de los deepfakes de contenido sexual están dirigidos a mujeres, y en México más de 10 millones han enfrentado algún tipo de violencia digital. La tecnología abarató el daño y lo volvió inmediato, replicable y masivo.
Frente a esa realidad, decidí actuar.
Esta reforma al Código Penal de Quintana Roo no nació en un escritorio. Nació en territorio. Escuchando a mujeres lastimadas, acompañando historias reales y entendiendo que la violencia digital ya no depende de lo que ocurrió, sino de lo que alguien puede fabricar con tecnología.
Por eso impulsé una iniciativa que hoy ya es ley: en Quintana Roo se castiga no solo la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, sino también su creación mediante inteligencia artificial.
Esto cambia todo.
Porque antes el daño tenía que existir. Hoy, basta con que alguien lo invente. Y ese paso nos coloca en el mapa global.
De los cerca de 195 países del mundo, solo un grupo reducido ha comenzado a legislar de forma específica el uso de inteligencia artificial para generar violencia digital. La Unión Europea, países como Reino Unido, España y Corea del Sur han avanzado en distintos niveles.
Hoy, Quintana Roo se posiciona dentro de ese grupo.
Si hiciéramos un comparativo internacional, nuestro estado se ubicaría dentro de un top 15 global en evolución normativa sobre violencia digital con inteligencia artificial. No porque el problema esté resuelto, sino porque dimos un paso que la mayoría aún no da: reconocer y sancionar la fabricación del daño.
No estamos compitiendo con otros estados. Estamos compitiendo con el mundo. Y esto tiene implicaciones profundas.
En un estado como Quintana Roo, donde el turismo, la inversión y la movilidad internacional son pilares económicos, garantizar un entorno digital seguro no solo protege a quienes viven aquí, también protege a quienes nos visitan. Protege la confianza, la reputación y la certeza jurídica.
La seguridad hoy también es digital.
Este avance se fortalece con lo que ocurre a nivel nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado un acuerdo con plataformas como Google, Meta e TikTok para prevenir y retirar contenidos que violentan a las mujeres.
Es una señal clara: la lucha ya no es solo legal, también es tecnológica.
En Quintana Roo, este avance también es reflejo de una visión de gobierno que ha puesto al centro la protección de las mujeres y la actualización institucional frente a los nuevos desafíos digitales, impulsada por la gobernadora Mara Lezama.
Una visión que entiende que la seguridad hoy no solo se construye en las calles, sino también en los espacios digitales.
En esa misma ruta, el trabajo de Citlalli Hernández refleja la urgencia de atender esta violencia con política pública, con visión y con acciones concretas.
Porque esto no se trata de victimizar. Se trata de transformar.
Hoy sabemos que la tecnología puede ser una herramienta de desarrollo… o un mecanismo de agresión masiva.
Quintana Roo decidió poner un límite.
Y en la era digital, la ley —simplemente— no puede quedarse atrás.
