Reconocer cuando una política pública abre oportunidades reales también es parte de construir país. El llamado “Plan B” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum merece ser entendido en esa dimensión: no solo como un ajuste en la recaudación, sino como una herramienta que puede fortalecer la capacidad de los estados para responder a sus propios retos.
En Quintana Roo, esta conversación tiene un peso especial. Cada año recibimos más de 25 millones de visitantes, pero nuestro presupuesto sigue calculándose, en gran medida, con base en una población cercana a los 1.9 millones de habitantes. Esta diferencia se traduce en presión constante sobre la movilidad, los servicios y la infraestructura. Crecemos rápido, pero no siempre al mismo ritmo en planeación.
El Plan B abre una oportunidad concreta. Diversas estimaciones apuntan a que podría generar entre 8,000 y 12,000 millones de pesos adicionales anuales para el estado. Si consideramos el peso económico de Cancún, entre el 45% y 50% de esos recursos podrían impactar directamente en el municipio, es decir, entre 3,500 y 6,000 millones de pesos al año. Más allá del monto, lo relevante es lo que se puede hacer con una inversión bien orientada.
Uno de los temas más urgentes es la movilidad. Hoy, miles de cancunenses pierden entre 30 y 60 minutos diarios en traslados, afectando su calidad de vida y la productividad de la ciudad. Con una inversión anual estimada de entre 1,200 y 1,800 millones de pesos, en un periodo de dos a tres años, sería posible intervenir corredores estratégicos como la avenida Colosio, Kabah y López Portillo, incorporar carriles confinados de transporte público y avanzar en sistemas de sincronización semafórica inteligente. Los resultados podrían reflejarse en reducciones de entre 15% y 25% en los tiempos de traslado en los primeros años.
La infraestructura básica es otro frente indispensable. El crecimiento sin servicios suficientes genera saturación y limita el desarrollo. Con inversiones anuales de entre 1,500 y 2,000 millones de pesos, en un horizonte de tres a cinco años, se podrían ampliar redes de agua potable y drenaje en zonas de expansión, modernizar plantas de tratamiento y mejorar la gestión de residuos. Son proyectos que no siempre son visibles de inmediato, pero que determinan la viabilidad de la ciudad en el largo plazo.
En materia de seguridad, si bien existe un componente nacional, los municipios tienen margen de acción en la prevención y en el entorno urbano. Con inversiones de entre 500 y 800 millones de pesos anuales, en plazos de uno a dos años, se pueden fortalecer sistemas de videovigilancia, mejorar la iluminación en zonas prioritarias y desarrollar programas de prevención focalizada. Estas acciones no sustituyen a las fuerzas federales, pero sí contribuyen a mejorar la percepción y reducir delitos de impacto local.
Es importante tener claridad en algo: ningún presupuesto permite resolver todo al mismo tiempo. Por eso, el reto no está solo en recaudar más, sino en priorizar mejor, dar continuidad a los proyectos y medir resultados. La experiencia demuestra que cuando los recursos se dispersan, el impacto se diluye.
El Plan B puede entenderse como un ajuste financiero o como una oportunidad de transformación. Si los recursos se orientan con visión, Cancún puede avanzar hacia una ciudad más ordenada, más eficiente y más competitiva. Porque al final, más allá de cuánto se recaude, lo que realmente marca la diferencia es cómo se decide invertir.
