El nuevo Sistema de Movilidad del Bienestar (MOBI) se vende como la reforma más ambiciosa en décadas, pero llega con el tufo clásico de las soluciones mágicas. El plan: que los 11 ayuntamientos entreguen al estado el control de las direcciones de Tránsito para crear a los nuevos “Agentes de Movilidad”. La mayoría morenista en el Congreso ya afila la reforma. Todo parece impecable… hasta que se mira de cerca.
La gobernadora Mara Lezama promete que MOBI curará dos males históricos: el desastre del transporte público y la corrupción que por años pudrió a Tránsito. El discurso es impecable, casi inspirador. Pero la realidad es brutal y no se resuelve con uniformes nuevos ni conferencias optimistas.
Tránsito no cayó por accidente: fue un aparato devorado por sobornos cotidianos, jefes blindados y ayuntamientos que usaron la institución como caja chica.
Tan solo en 2024, el IMOVEQROO reportó más de 14 mil vehículos involucrados en accidentes; Cancún cerró con cerca de 1,700 percances y solo en el primer semestre de 2025 ya sumaba 2,717, un aumento del 65.1%. Si MOBI quiere “salvar vidas”, tiene frente a sí una emergencia y no una reforma decorativa. Pero el verdadero retrato del sistema está en la corrupción: en Benito Juárez se registran entre 10 y 20 quejas semanales contra funcionarios, incluidos agentes de Tránsito; Tulum acaba de separar a dos oficiales por presuntos sobornos.
Y aun así, no existe un registro estatal consolidado. Las denuncias están escondidas entre dependencias, expedientes abiertos y notas periodísticas. Esa opacidad no es casualidad: es gasolina para el mismo incendio que MOBI asegura extinguir.
Pese a ello, el estado absorberá todo sin presentar un diagnóstico público, sin auditorías profundas, sin responsables y sin explicar cómo evitará que los viejos vicios simplemente cambien de fachada.
La centralización puede ordenar… o puede centralizar la corrupción a una escala más grande. MOBI promete profesionalización y tecnología, pero carece de reglas operativas, vigilancia ciudadana y un plan serio para el caos en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.
El riesgo es evidente: que MOBI sea menos una transformación y más una operación de maquillaje institucional. La pregunta no es si el proyecto suena bien, sino si el gobierno está dispuesto a romper con el sistema que dice condenar.
Porque si la impunidad de Tránsito sobrevive al cambio de nombre, el Sistema de Movilidad del Bienestar nacerá como tantas otras reformas: con discurso de futuro… y las mismas prácticas del pasado.