Venta de terrenos ejidales sin regularización pone en riesgo el patrimonio de cientos de familias.
En Quintana Roo, la venta de terrenos en zonas irregulares se ha convertido en una práctica común para quienes buscan adquirir un patrimonio a bajo costo. Sin embargo, detrás de estas aparentes oportunidades se esconde un fraude inmobiliario que vulnera la ley y pone en riesgo la seguridad jurídica de los compradores.
Las llamadas zonas irregulares carecen de todo tipo de autorización y servicios básicos: no cuentan con drenaje, alumbrado, energía eléctrica ni permisos de desarrollo urbano. Generalmente, estos predios provienen de tierras ejidales fraccionadas y vendidas por sus poseedores sin cumplir con los procedimientos legales de desincorporación.
El delito, tipificado en Quintana Roo como “contra el desarrollo humano”, sanciona la comercialización de terrenos ejidales bajo esquemas informales, comúnmente anunciados con pagos mensuales accesibles de entre mil y mil quinientos pesos. Sin embargo, al finalizar los pagos, los compradores reciben únicamente una cesión de derechos ejidales, documento que no acredita propiedad privada, ya que no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Además, estos asentamientos se crean sin autorización municipal ni estatal, lo que impide su integración a la planeación urbana. No solo se trata de un problema legal, sino también social, al originar colonias sin servicios, escuelas, parques ni acceso adecuado a salud y seguridad.
Uno de los fraudes más recurrentes es la venta duplicada de un mismo terreno, situación que genera conflictos entre compradores. El ejidatario, ante las disputas, suele ofrecer otro lote más alejado, sin reconocer el derecho del primer adquirente.
Especialistas en derecho agrario advierten que para adquirir un terreno ejidal de forma legal debe tramitarse su desincorporación y regularización, proceso que permite obtener el título de propiedad y su inscripción registral.
En conclusión, adquirir terrenos en zonas irregulares puede parecer una inversión accesible, pero sin la documentación adecuada y la intervención de las autoridades, el comprador no adquiere una propiedad legítima, sino un problema legal y patrimonial de largo alcance.
