Cada enero, FITUR se presenta como una cita obligada para gobiernos, funcionarios y comitivas que viajan bajo el argumento de promocionar destinos, atraer inversión y fortalecer la imagen internacional.
El ritual se repite con puntualidad: agenda cerrada, discursos optimistas y fotografías oficiales.
La pregunta incómoda, la que casi nunca se responde, es otra: ¿qué resultados concretos obtiene Quintana Roo después del viaje?
FITUR, en sí misma, no es un error. Es una herramienta válida si forma parte de una estrategia clara y medible.
El problema surge cuando la asistencia se convierte en costumbre, cuando la agenda se diluye en reuniones privadas y cuando los anuncios no se traducen en beneficios tangibles para los destinos.
¿Se reflejan estas giras en nuevas rutas aéreas, inversión hotelera real o diversificación de mercados?
¿O solo sirven para reafirmar lo que Quintana Roo ya tiene consolidado?
En muchos casos, los convenios anunciados se quedan en comunicados y las cifras nunca se transparentan.
Más aún, el tamaño y la composición de las comitivas alimentan una percepción incómoda.
Funcionarios, asesores y periodistas viajan sin que exista una rendición pública de objetivos, costos y resultados. No se trata de cuestionar la presencia, sino de exigir claridad: quién fue, a qué fue y qué trajo de vuelta.
Todo esto ocurre mientras los destinos del estado enfrentan inseguridad, deterioro urbano, crisis ambiental y una caída en la percepción de valor turístico.
En ese contexto, cada peso destinado a la promoción internacional debería justificar su costo con resultados verificables.
Mientras FITUR siga siendo un ritual sin evaluación ni rendición de cuentas, no será una estrategia turística, sino un viaje oficial con membrete internacional.
