Hablar de mujeres privadas de su libertad es hablar de una realidad poco visible, pero profundamente significativa para el futuro social de Quintana Roo.
Mujeres que, más allá de su situación legal, requieren algo fundamental para reconstruir su vida: oportunidades reales de desarrollo, aprendizaje y trabajo digno.
En los centros de reclusión del estado, existe hoy un esfuerzo articulado entre sociedad civil y distintas instancias públicas para impulsar talleres productivos dirigidos a mujeres internas de bajo riesgo.
A través de procesos de capacitación en manualidades en tela, madera y otros materiales, se les brinda la posibilidad de integrarse a esquemas de comercialización formal, generando ingresos propios y fortaleciendo su autoestima, su autonomía y su proyecto de vida.
Uno de los ejemplos más representativos de este modelo es el trabajo que se realiza a través de la asociación Desde Cero, que ha logrado vincular estos talleres con cadenas productivas reales.
Este tipo de iniciativas no solo impactan a las mujeres que participan directamente. Su efecto se extiende a sus familias, a sus hijos y a su entorno social.
De acuerdo con organismos internacionales como el BID y la ONU, los programas de reinserción laboral reducen la reincidencia delictiva entre un 30% y 40%.
En México, el acceso al trabajo durante y después de la reclusión disminuye hasta en 70% la probabilidad de volver a delinquir.
Además, cada persona que logra reinsertarse de manera productiva representa un ahorro considerable para el Estado en costos de seguridad, justicia y sistema penitenciario.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: la seguridad no se construye solo con policías, sino con oportunidades.
Ofrecer un empleo digno a las mujeres privadas de su libertad demuestra que incluso dentro de una cárcel se puede hacer política social de primer mundo, basada en inclusión, dignidad y reconstrucción del tejido social.
Este enfoque se alinea con la visión social de la gobernadora Mara Lezama, que ha impulsado una agenda donde el desarrollo humano, la economía social y el fortalecimiento de las familias forman parte esencial del modelo de seguridad y bienestar en Quintana Roo.
En este contexto, cobra especial relevancia la construcción de acuerdos entre la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de fortalecer estos proyectos, dotarlos de certeza jurídica y permitir que evolucionen hacia esquemas estables, sostenibles y con continuidad en el tiempo.
Desde una perspectiva humana, económica y social, apoyar la reinserción de mujeres privadas de su libertad no solo transforma historias individuales.
También previene futuros delitos, fortalece a las familias, impulsa la economía formal y genera beneficios colectivos.
Es ahí donde la política pública que impulsa nuestra presidenta deja de ser discurso y se convierte en una herramienta real de transformación social.
