Durante años, el debate sobre el uso de los espacios deportivos en Cancún ha girado entre dos polos: el abandono o la privatización de facto.
El reciente anuncio del gobierno de Benito Juárez, a través del Instituto de la Cultura Física y el Deporte, de retomar la administración de las canchas de tenis “8 de Octubre”, en la Supermanzana 21, vuelve a poner el tema sobre la mesa y obliga a reflexionar sobre el sentido real de lo público.
Las declaraciones de Alejandro Luna, director del Instituto, son claras y contundentes: no existe privatización alguna; por el contrario, se trata de recuperar un espacio que durante dos décadas fue administrado por un particular.
El matiz es importante, porque en el discurso público suele confundirse el cambio de administración con despojo, cuando en realidad se está hablando de devolver un bien común a la lógica del servicio social.
En un contexto donde el deporte se reconoce cada vez más como herramienta de prevención, cohesión social y salud pública, resulta coherente que el municipio apueste por dignificar y reactivar sus instalaciones.
El dato no es menor: 53 espacios deportivos rehabilitados en un solo año, diez de ellos con pasto sintético, hablan de una política pública orientada a ampliar el acceso y no a restringirlo.
El caso del tenis es particularmente relevante.
Tradicionalmente etiquetado como un “deporte blanco” asociado a élites, su impulso desde el ámbito municipal mediante una Academia Municipal de Tenis gratuita representa un giro necesario para democratizar su práctica.
Abrir las canchas, rehabilitarlas y ofrecer formación sin costo rompe con barreras económicas y simbólicas que por años alejaron a niñas, niños y jóvenes de esta disciplina.
La molestia del concesionario saliente, aunque comprensible desde una óptica personal, no puede desviar el fondo del asunto.
El gobierno no está expulsando usuarios ni cerrando puertas; por el contrario, garantiza la continuidad de horarios para adultos mayores y establece reglas claras para entrenadores mediante solicitudes formales.
Ordenar no es excluir.
La recuperación de las canchas “8 de Octubre” no debería leerse como conflicto, sino como oportunidad: la de reafirmar que los espacios deportivos son patrimonio social y que su finalidad última es servir a la comunidad.
En tiempos donde lo público suele ponerse en duda, que el deporte vuelva a manos de la ciudadanía es, sin duda, una buena noticia.
