Durante décadas, el salario mínimo en México fue tratado como una variable secundaria: útil para el discurso social, irrelevante para la estrategia económica. Hoy, rumbo a 2026, esa lógica cambió.
El aumento sostenido al salario mínimo no es una concesión política ni una consigna ideológica; es una decisión de política económica, pensada para fortalecer la competitividad del país en un entorno global cada vez más exigente.
Entre 2018 y 2025, el salario mínimo pasó de 88.36 a más de 248 pesos diarios, un crecimiento real superior al 110%.
Este ajuste no ocurrió en el vacío. En el mismo periodo, el consumo privado se consolidó como el principal motor de la economía nacional, representando más del 70% del PIB, de acuerdo con INEGI.
Fortalecer el ingreso base permitió amortiguar choques externos, sostener la demanda interna y dar estabilidad a millones de hogares en un contexto de desaceleración global.
De cara a la renegociación del T-MEC en 2026, la política salarial adquiere una dimensión estratégica. Los mecanismos laborales del tratado, como el Rapid Response Mechanism, obligan a México a cumplir estándares mínimos en ingreso, formalidad y condiciones laborales.
No hacerlo implica riesgos reales: paneles, sanciones y restricciones comerciales que pueden traducirse en pérdidas multimillonarias en exportaciones. Elevar el salario mínimo es, en ese sentido, una herramienta de blindaje económico.
A esto se suma el fenómeno del nearshoring. México captó en 2023 y 2024 más de 35 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, gran parte asociada a la relocalización de cadenas productivas. La nueva inversión no busca únicamente costos bajos; busca estabilidad social, certidumbre laboral y un mercado interno dinámico.
Países que apuestan solo por salarios deprimidos están quedando fuera de esta nueva ecuación.
Esta visión ha sido entendida desde la presidenta Claudia Sheinbaum quien impulsó el aumento al salario mínimo no solo desde una óptica social, sino desde una lectura microeconómica clara: mayor ingreso base reduce rotación laboral, mejora productividad en sectores intensivos en servicios y fortalece el consumo local, generando efectos multiplicadores en la economía.
En Quintana Roo bajo el liderazgo de la Gobernadora Mara Lezama se hace con precisión territorial. Nuestra economía no compite por maquila ni manufactura intensiva; compite por servicios, turismo y comercio.
Aquí, el salario mínimo funciona como piso de formalidad y estabilidad, no como ingreso total. Elevar ese piso permite ordenar sectores completos, reducir informalidad y dar certidumbre tanto a trabajadores como a empresas, en una de las entidades con mayor costo de vida del país.
Ahí es donde cobra relevancia el trabajo legislativo y de campo. Desde mi distrito 6 he construido una agenda cercana a la ciudadanía, atendiendo las condiciones reales de vida, pero también manteniendo un diálogo permanente con el sector empresarial. Porque solo entendiendo ambas realidades la social y la productiva es posible construir una economía sustentable y competitiva.
El salario mínimo dejó de ser un símbolo. Hoy es una herramienta económica. Y cuando la política entiende que competir también se planea, el crecimiento deja de ser discurso y se convierte en estrategia de país.
